Los represores ya no podrán ser asistidos ni internados en los hospitales militares
El Gobierno decretó que una comisión evaluará su estado de salud. La medida se toma tras la fuga dos condenados por crímenes de lesa humanidad
Tras la fuga de dos represores la semana pasada, el Gobierno prohibió desde este martes "la internación o asistencia ambulatoria en hospitales militares de personas condenadas penalmente o procesadas con prisión preventiva que tengan o haya tenido estado militar".
La resolución 85/13, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, estableció que la prohibición "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".
La medida se adoptó tras la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central Cosme Argerich, de Palermo, ocurrido el jueves último.
"Prohíbese al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar", indica el artículo 1.
"Todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias", agrega.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó el lunes: "Adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio para evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada".
Además, se informó que los ministerios de Defensa, Salud y Justicia y Derechos Humanos firmaron un convenio para crear un organismo que determinará si deben continuar internados en los centros de salud de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno ofreció una recompensa de $2 millones para quien pueda aportar datos fehacientes de ambos.