Comienza hoy juicio oral por la represión de diciembre de 2001

El juicio oral y público por la represión policial tras la movilización del 19 y 20 de diciembre del 2001 se inició esta mañana en la Sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, colmada de público.

A doce años de la pueblada, el Tribunal Oral Federal 6 juzgará a 17 ex funcionarios y policías por las heridas sufridas por 117 personas y cinco de las muertes producidas en Plaza de Mayo y adyacencias, en la antesala de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Quedan sin considerar el total de 32 muertes registradas en todo el país durante la vigencia del estado de sitio decretado para reprimir las protestas.

Los principales imputados son el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el ex titular de la Policía Federal, comisario Rubén Santos.

Además de Santos y Mathov, el único funcionario político que llega a juicio, en el banquillo de los acusados estarán los entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el director general de Operaciones, comisarios Raúl Andreotti y Norberto Gaudiero, responsables jerárquicos del accionar policial.

A los cuatro se les imputa homicidio culposo (sin intención) reiterado en cinco oportunidades, lesiones culposas ocasionadas a 117 personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público de cuidado, por impericia o negligencia.

Otros cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Federal - Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro - están acusados por el homicidio doloso de Alberto Márquez, de 57 años, quien fue baleado en inmediaciones del Obelisco por los policías, que circulaban en un auto particular.

Los acusados deberán responder por la muerte de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, pero las penas posibles varían según la imputación, aunque algunas podrían llegar hasta 25 años de prisión.

De la Rúa declarará como testigo pero no figura entre los acusados dado que fue desprocesado en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró el criterio de que carecía de conocimiento exacto de la situación.

Según cálculos de la fiscalía, a cargo de Mauricio Veira, el proceso se extenderá por más de un año y medio. Las principales querellas estarán en manos de abogados del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).