Investigan a De Vido por destinar menos fondos para viviendas a provincias opositoras

El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación para determinar si desde el Gobierno nacional se destinó menos dinero para la construcción de viviendas públicas a las provincias gobernadas por opositores como posible castigo político.

Pollicita dio impulso formal a una denuncia penal presentada por la diputada Elisa Carrió, el senador Fernando "Pino" Solanas, la ex diputada Fernanda Reyes y otros legisladores de la Coalición Cívica contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros funcionarios del área de vivienda, informó DyN.

"Que el fiscal haya iniciado la investigación es porque consideró que hay una hipótesis de delito y corresponde ser investigado. Cuando denunciamos el manejo discrecional de los fondos para la construcción de viviendas, denunciamos que había una utilización política de los recursos del Estado para intentar manipular a los gobernadores", sostuvo Reyes.

La denuncia sostiene que el Gobierno nacional dispuso otorgar a las provincias fondos para la construcción de viviendas sin ningún parámetro y sólo bajo premisas políticas.

"Luego de revisar y analizar la distribución de los fondos de los planes federales de vivienda (financiados por el Poder Ejecutivo Nacional) a las distintas provincias, notamos que ésta no siguió ninguna premisa establecida y que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno", sostiene la denuncia.

Como ejemplo, se puso a la provincia de Córdoba, gobernada por el peronista opositor José Manuel De la Sota, que el año pasado habría recibido fondos por $2.377.000 contra $120 millones que habría obtenido en 2006.

La contracara, según la denuncia, sería Chaco, gobernada entonces por el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que en 2006 habría recibido $100 millones para viviendas y que en 2013 tuvo un aumento, ya que habría obtenido $176 millones.

"El caso de Santa Fe es similar al de Córdoba, aunque con una caída aún más pronunciada. En 2012 los santafecinos recibieron por estos planes una cifra 93% menor a 2006 ($14 millones en 2012 versus $220 millones en 2006)", agrega la denuncia.

La causa que se inició es por la presunta comisión de los delitos de "abuso de autoridad" y "malversación de caudales públicos" en la que el fiscal Pollicita le solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.