Quieren frenar por ley que se le ponga el nombre de Néstor Kirchner "a todo"
La diputada del Pro Laura Alonso presentó un proyecto de ley para regular las denominaciones de bienes públicos y expresó al respecto que “poner Néstor a todo es autoritario: los bienes públicos son de todos, y no del kirchnerismo”.
Con este proyecto será el Congreso Nacional, como ámbito democrático por excelencia, donde se ven representadas todas las fuerzas políticas, quien tendrá la facultad de establecer nombres a bienes muebles e inmuebles del Estado, vías de circulación, obras, monumentos, espacios, aniversarios, eventos, entidades y en general y en cualquier otro supuesto en que el Estado Nacional deba asignar nombres o denominaciones.
Para ello, se creará una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados y se incentivará la participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde los interesados puedan participar aportando sugerencias e impugnaciones, señaló Parlamentario.com.
El proyecto aclara que no puedan utilizarse para las denominaciones “personas vivas o fallecidas dentro de los 10 años anteriores a la sanción de esta ley; personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto; lo que conlleve connotaciones político partidarias; lo que sea contrario a los valores democráticos, a la paz y la concordia social, o que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas”.
Según la diputada, el objetivo de este proyecto es “acabar con las prácticas antidemocráticas como el culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la confusión permanente entre Estado, partido y líder, la promoción sistemática de los funcionarios públicos a través de la abundante publicidad oficial y el uso impúdico de los bienes y recursos públicos con fines partidarios y electoralistas”.
Para evitar este tipo de situaciones, la ley Nº 83 de Nomenclatura Urbana de la Ciudad expresa que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar. Tampoco se podrán designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige un procedimiento de “doble lectura” para la denominación de bienes públicos, que implica: despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados; aprobación inicial por la Legislatura; publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones; consideración de los reclamos y observaciones, y resolución definitiva de la Legislatura.
Además de presentarse en la Cámara de Diputados (expediente 6689-D-2014), el proyecto de la diputada Alonso se subió en el sitio www.legislemos.org, plataforma de Gabriela Michetti y Diego Santilli donde los ciudadanos pueden participar votando a favor o en contra de las iniciativas de legisladores o aportar las propias, agregó Parlamentario.com.
“Los bienes públicos son de todos y no deben ser impuestos por ninguna mayoría circunstancial en la memoria colectiva. Desde hace décadas, los partidos gobernantes les asignan nombres o denominaciones como homenajes en vida a figuras políticas recientemente fallecidas como triunfo político sobre adversarios y para glorificarlas. El reconocimiento histórico de un político o ciudadano no viene dado por el nombre de una plaza sino por la valoración que el público hace de sus acciones mucho tiempo después”, concluyó Alonso.