CIADI: cómo queda el mapa de reclamos contra la Argentina

A menos de dos semanas de haber presentado el recurso de nulidad del laudo de CMS, la primera condena contra el paí­s en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el Gobierno esperan con ansiedad que en los próximos meses finalmente se concrete el desistimiento formal de tres causas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Se trata de las demandas de Gas Natural Ban, Edenor y Edesur, las operadoras locales que ya firmaron Actas de Entendimiento con el Estado argentino y que, en este momento, se encuentran negociando las condiciones de su salida del CIADI.

Sumados a los casos que están suspendidos por decisión de las partes o del propio tribunal –Enron, AES y Unysis–, los juicios contra la Argentina en el CIADI bajarí­an a 30.

A esto podrí­a sumarse el tan esperado desistimiento de Telefónica, la compañí­a española de telecomunicaciones, que ya anunció que retirarí­a su demanda ante el CIADI. Telefónica estarí­a negociando con el Gobierno un ajuste de tarifas, como condición para retirar su demanda.

Si bien aún no existe presentación oficial alguna ante el tribunal por parte de la compañí­a ibérica, desde la Procuración General del Tesoro Nacional aseguran que siempre se da el caso de que cuando se manifiesta voluntad polí­tica de retirar los reclamos "esto ocurre efectivamente".

Sin dudas, un eventual retiro de la demanda por parte de Telefónica serí­a la señal más contundente para el resto de los inversores, dado que registra el mayor reclamo contra el paí­s ante el tribunal arbitral del Banco Mundial: por u$s2.800 M, por lo que la espera genera "máxima tensión".

En ese sentido, desde el Gobierno consideran que de llegarse a un acuerdo en el arbitraje de Telefónica, podrí­a impactar "favorablemente" en el caso France Telecom SA, registrado en el CIADI el 26 de agosto de 2004, generando similar conducta de parte de este último inversor.

El desistimiento de Telefónica también llega en un momento clave, ya que se esperan para los próximos meses dos nuevos laudos contra el paí­s, en los casos Azurix –ex concesionaria de Aguas Bonaerenses– y LG&E –compañí­a energética norteamericana–.

Los reclamos de los inversores
La catarata de demandas internacionales contra el Estado argentino, a raí­z de la declaración de emergencia –básicamente por pesificación– empezó en febrero de 2002. La inestabilidad polí­tica y económica, que llevó incluso a hablar de un dólar a $10, alentó los argumentos de los inversores extranjeros que reclamaban por las tarifas pesificadas.

Las primeras en demandar fueron las empresas de energí­a, fundamentalmente prestadoras del servicio de gas; después apareció el sector agua y más tí­midamente el de teléfonos.

En la actualidad, el 80% de los arbitrajes que tiene la Argentina son de privatizadas. Es decir, inversores extranjeros que participan en empresas locales licenciatarias de servicios públicos. El resto (Azurix, Metalpar, Siemens, Agua del Aconquija) está constituido por casos aislados que involucran discusiones contractuales sin base en la emergencia. Metalpar, en tanto, es un caso de contrato entre privados.

El próximo paso que debe dar el Gobierno, dentro de la treintena de reclamos ante el CIADI, será en las audiencias de prueba que en el caso "Siemens" se realizarán entre el 10 y 17 de octubre próximo, en Washington.

Un equipo de la Procuración viajará para verse las caras con la compañí­a alemana, en el caso de que ésta reclame al Estado argentino una indemnización de u$s418 M por la rescisión unilateral del contrato por el que Siemens se comprometió a imprimir los documentos nacionales de identidad (DNI).

El escenario para el paí­s sigue siendo complejo. Sin embargo, desde el Gobierno ven en el desistimiento de Telefónica una muestra de que la Argentina "está predispuesta a negociar con aquellos que realmente invirtieron en el paí­s" y así­, el éxito de este arreglo se haga extensivo a otras causas.


Marí­a Bourdin
mbourdin@infobae.com