El Estado pagará en dólares deuda que había sido pesificada

Mediante un acuerdo firmado en el despacho del presidente Néstor Kirchner, el Gobierno reconoció la deuda que mantiene con la provincia de San Luis por el dinero que quedó atrapado en el corralito luego de la debacle económica del 2001. El acuerdo significa el reconocimiento de una deuda millonaria que había quedado atrapada en el corralito de Domingo Cavallo y que luego había sido pesificada durante la gestión de Eduardo Duhalde.

Mañana se convocó a una Asamblea Legislativa para que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, explique los alcances del compromiso asumido por la nación que sería un plan de pagos en dolares.

El 5 de marzo de 2003 la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno al reclamo de la provincia, declaró la inconstitucionalidad del decreto 214/02 que pesificó los ahorros y ordenó su devolución en moneda de origen o su equivalente en pesos. Cabe destacar que se trata de un monto equivalente a 138 millones que habían sido depositados en el Banco Nación.

En tanto Rodríguez Saá aclaró que el documento establece "la forma en que se devolverán los fondos en dólares que estaban depositados en el Banco Nación, que luego fueron pesificados en enero de 2002" y que un año después la Corte ordenó devolver a la provincia.

Forma de pago

Según informaron fuentes oficiales, el acuerdo establece que el pago se concretará en BODEN 2013, lo que abre un abanico de posibilidades para los ahorristas que aún mantienen pendientes sus litigios y reclaman la devolución de sus depósitos en dólares. Como el estado provincial, en su momento rechazaron la alternativa de bonos en la moneda de origen. Sin embargo, en virtud de la alta cotización que hoy tienen los BODEN se podría abrir la puerta para que reclamen el trato dispensado a San Luis. El bono en cuestión cotizaba ayer a 84% de su valor.

Fallo

En "Provincia de San Luis c/Estado nacional", la Corte Suprema fue muy estricta al examinar si el Poder Ejecutivo había excedido las delegaciones dispuestas en la ya mencionada Ley de Emergencia Pública, 25.561. De ese modo, el Tribunal concluyó en que la ley había delegado en el Presidente la atribución de pesificar las deudas con el sistema financiero –es decir, las de los deudores bancarios con las entidades financieras- pero no las deudas del sistema financiero con los ahorristas.

Sabrina Santopinto
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