Dictan la quiebra y le prohí­ben salir del paí­s al juez Gallardo

El juez Roberto Gallardo, que cerró el casino porteño, clausuró la Rural por carecer de habilitación definitiva y obligó a Aní­bal Ibarra a darle un subsidio de $205 a los cartoneros estarí­a al borde de su destitución definitiva.

Quien lo tiene contra las cuerdas es el magistrado en lo Comercial Nº 18, Rafael Barreiro, quien recientemente le dictó la quiebra y además dispuso la prohibición expresa de que salga del paí­s.

Sobre su quebranto financiero, Gallardo argumenta a propios y extraños  –según publicó el sitio "La Vaca"–  que "hice un mal negocio en el ’95", a lo que contrapone: "pero si yo tuviera 3 o 4 propiedades, acepto que me pregunten cómo lo hice ganando 5.000 pesos". Además agregó, tajantemente: "Ahora sí­ asumí­ mi cargo con deudas que vienen desde el ’95 y las sigo teniendo, no me pregunten más".

Su colega porteño, Barreiro, también dispuso una inhabilitación general de sus bienes y en forma complementaria, le giró oficios al Banco Central (BCRA) para que proceda a cerrarle sus cuentas bancarias.

Atento a estas resoluciones, que se conocieron públicamente en las últimas horas, pero datan del 14 del corriente, el Consejo de la Magistratura lo tiene en la mira. Y en su seno se evalúa el desplazamiento de Gallardo que además incurrió en otras irregularidades no de menor peso como haberle ocultado la información de las decisiones del juez Barreiro.

El magistrado, que tiene 41 años y fue designado por concurso en el fuero penal tributario en 2000, se caraterizó últimamente por producir fallos contrarios al Gobierno de la Ciudad, con lo que ha quedado polí­ticamente enfrentado al ex frepasista Ibarra.

Antecedentes
El último episodio de ese conflicto lo constituyó la decisión del juez de trabar las cuentas de la Ciudad para otorgarle un subsidio a cartoneros. Fue cuando decreto la "indisponibilidad provisional" de los fondos que el Estado porteño tiene en depósitos bancarios.

La resolución implicaba que el Gobierno capitalino se viera obligado a desembolsar una asignación que excede $3,7 millones que no estaban presupuestados.

Gallardo no se quedó conforme con esa medida, sino que fue más allá, iniciativa que fue considerada por la dirigencia polí­tica como una "extralimitación". La polémica decisión implicó la imposición de una multa para el secretario de Desarrollo Social y vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, por un monto estimado en $500 que se irí­an incrementando por cada dí­a de demora en el pago del controvertido subsidio.

"Deberá sufragarse con sus ingresos personales", dijo entonces Gallardo; una declaración que derivó en mayor irritación polí­tica a punto tal que el propio Ibarra llegó a deslizar que el magistrado tendrí­a "aspiraciones polí­ticas" y arriesgó que su actuación de las últimas semanas hasta podrí­a tener un interesado trasfondo electoral.

(c) Infobae diario