Las off shore siguen bajo la lupa de la Inspección General de Justicia

La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó la promoción de una acción judicial de nulidad contra la sociedad extranjera Mainlop Financing SA, sus titulares Jorge Andrés Bence e Irma Zulema Ulloa y contra todos quienes han participado en la constitución de la entidad o con posterioridad, por incumplir con las resoluciones de aquel organismo para transparentar "la integración personal de los sujetos de derecho que intervienen en el tráfico mercantil argentino".

Para la IGJ, la sociedad sólo presentó ante el organismo que encabeza Ricardo Nissen un solo balance –adeudó los correspondientes a seis ejercicios- y no cumplió con la resolución 7/03, habiendo sido intimada y sin obtener respuesta a esa información.

En ese sentido, indicó que "la creación de entes ficticios para fines fraudulentos, que en el caso se concretó con el ocultamiento de bienes, tuvo por objeto sustraer los mismos del patrimonio de su verdadero titular, a los fines de evitar la justificación de importantes activos en cabeza de una persona fí­sica que no puede explicar su adquisición".

Agregó que "no caben dudas sobre la identidad de los verdaderos dueños de los activos de dicha compañí­a, quienes han recurrido a dicho ente para ocultar su verdadera actuación y patrimonio". Así­, se trata de un claro supuesto de aplicación de la norma del artí­culo 1071 del Código Civil.

Explicó que la actuación de una persona de existencia ideal que fue constituida a los fines de ocultar la identidad del verdadero dueño de los bienes que componen el patrimonio de esa sociedad ficticia "constituye un claro ejemplo de abuso de derecho en la creación de sociedades comerciales".

Según la IGJ, la simulación "afecta a la constitución misma del ente", ya sea porque se produce la creación de entes ficticios que carecen en absoluto de realidad, porque se disimula bajo la apariencia de una sociedad la celebración de otro negocio jurí­dico o porque se disimula el tipo verdadero de sociedad o el carácter de sucursal o filial".

La sociedad denunciada contestó el requerimiento de la IGJ para que cumpla con la resolución 7/03 y cumplió solo parcialmente con la intimación. Además, habí­a solicitado que se la eximiera de cumplir con aquella resolución pues consideó que realizaba actos aislados en el paí­s.

Asimismo, la entidad aseguró que está inscripta en la DGI–AFIP, que paga impuestos y que cumplió con los recaudos exigidos por la ley argentina para su instalación, de conformidad con el artí­culo 118 de la ley 19.550.

Denuncia
La investigación se inició a partir de una denuncia radiada ante la IGJ, sobre la existencia de una entidad off shore  –SAFI-  constituida en Montevideo, Uruguay, y que si bien fue inscripta en el registro mercantil local en los términos del artí­culo 118, se trata de un supuesto en el cual el artí­culo 124 de la Ley de Sociedades resulta enteramente aplicable.

Además, expresó que Mainlop Financing SA no instaló una sucursal en la Argentina, sino que constituye un mero mecanismo de legitimación de activos de origen inexplicable, "usada indebidamente para evadir impuestos y limitar la responsabilidad de su dueño o controlante".

La denunciante aseguró que la sociedad configura una "burda" maniobra efectuada por el verdadero controlante, Jorge Andrés Bence, a los fines de disfrazar la verdadera titularidad de varios establecimientos rurales -sitos en la Provincia de Buenos Aires y Córdoba- y el otorgamiento de mutuos dinerarios con garantí­as hipotecarias constituida a favor de aquella sociedad extranjera.

De esa manera, consideró que la empresa tiene su principal actividad en la Argentina, razón por la cual corresponderí­a encuadrarla en la situación descripta por el artí­culo 124 de la ley 19.550 y que dicha entidad no posee activos ni realiza ningún tipo de actividad en Uruguay ni en ningún otro paí­s.

Pablo Méndez
pmendez@infobae.com