El Gobierno confí­a en ganar el caso "Siemens" ante el CIADI

La semana pasada terminaron en Washington -sede del tribunal arbitral del Banco Mundial-  las audiencias de fondo, orales, en la demanda que entabló la empresa alemana Siemens contra la Argentina por rescisión unilateral del contrato para confeccionar los DNI.

En dos meses las partes presentarán la defensa escrita y el tribunal  -presidido por el español Andrés Rigo Sureda, el mismo que interviene en el caso Azurix-  estará en condiciones de emitir un veredicto. Teniendo en cuenta los plazos que se manejan en el CIADI, el laudo final estarí­a recién hacia fines del año que viene.

Durante las audiencias –que se desarrollaron entre el 10 y el 17 de octubre-  la Argentina estuvo representada por un equipo de 9 abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación encabezado por Osvaldo Guglielmino. En tanto, se puso al frente de la defensa técnica de Siemens el abogado argentino Guido Tawil, de M&M Bomchil.

Los ejes de la defensa argentina fueron:

• El caso debí­a haberse dirimido en el paí­s y nunca debió ser un juicio internacional porque fue un problema de tipo contractual.
  
  
• La rescisión unilateral se justificó porque desde el inicio de ejecución se detectaron errores en la confección de alrededor de 3.200 DNI de extranjeros.
  
  
• El lucro cesante que reclama la empresa –es decir, la ganancia dejada de percibir por no haber podido desarrollar el negocio-  estaba prohibido en el contrato.
  
  
• La empresa alemana no demostró la estructura de costos en base a la cual realizaron el reclamo –sí­ lo hicieron durante las audiencias por lo que se presume que tení­an esa información, señalan desde el Gobierno-.
  

Por su lado, Siemens argumentó que sufrió una "expropiación" cuando el Estado argentino resolvió en forma intempestiva su contrato en 1999 y reclama una indemnización de u$s 418 millones, cuyo fundamento central es el lucro cesante, es decir, lo dejado de percibir si el contrato se hubiese ejecutado con normalidad.

El conflicto comenzó en agosto de 1996 durante el gobierno de Carlos Menem cuando se llamó a licitación para confeccionar los nuevos DNI. El 6 de octubre se firmó el contrato con Siemens SA, en medio de denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación y quejas por el precio de los DNI.

En 1999, el ex presidente Fernando de la Rúa dispuso rescindir el ví­nculo contractual con la empresa alemana luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que advertí­a que la Argentina perderí­a 1000 millones de pesos si se poní­a en marcha el contrato.

El 17 de julio de 2002 Siemens registró su demanda ante el CIADI reclamando a la Argentina una indemnización de u$s 418 millones en concepto de lucro cesante por la rescisión del contrato.


Maria Bourdin
mbourdin@infobae.com