Cómo viven la poscrisis los abogados de empresas

Los principales referentes de la práctica jurí­dica privada del paí­s se congregaron el miércoles en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires en el Primer Congreso Anual de Derecho Corporativo organizado por Infobaeprofesional.com

Participaron del evento abogados de los estudios Alegrí­a, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo; Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani, M. & M. Bomchil; Cárdenas, Di Ció, Romero & Tarsitano; Funes de Rioja & Asociados, y Pérez Alati, Grondona, Arnsten & Martí­nez de Hoz (h.).

Para los especialistas, superado lo peor de la crisis económica, el escenario poscrisis plantea nuevos desafí­os legales nacidos de la ruptura abrupta de contratos, el consiguiente aumento de la litigiosidad y una creciente intervención del Estado sobre la actividad privada. En ese sentido, Carlos Lombardi, del estudio Bruchou, señaló que "a partir de la crisis de fines del 2001 los conflictos y no los negocios ganaron el centro de la escena".

Carlos Rotman, del mismo bufete, explicó que quedan "varios aspectos sin resolver a partir de algunos fallos estelares que dictó la Corte, como ‘Bustos’, ‘Galli’ o ‘Cabrera’".

Por su parte, Daniel Funes de Rioja dio cuenta de una coyuntura polí­tico-económica donde se advierte una mayor "participación del Estado a través de regulaciones laborales como ser la doble indemnización originada en despidos sin justa causa".

"El problema es que después nadie quiere salir del hospital social", remarcó Funes de Rioja. En tanto, Guido Tawil, especialista en derecho administrativo del estudio M. & M. Bomchil, reseñó la forma en que cambió el mercado de los servicios públicos desde la crisis.

"En lugar de ser para empresas de gran prestigio y técnica que buscan un rendimiento a largo plazo pasó a ser un mercado para inversores de oportunidad", advirtió.  Según Tawil, "en el futuro será difí­cil desarrollar inversiones a largo plazo si no se hace en un esquema de seguridad jurí­dica.

Factor clave para impulsar la inversión
Jorge Pérez Alati, especialista en fusiones y adquisiciones, advirtió que uno de los presupuestos clave en este tipo de operaciones es la existencia de seguridad jurí­dica.

En ese sentido, aseguró que si se define a la seguridad jurí­dica como la posibilidad de anticipar las conductas propias y de terceros, "es importante para que existan inversiones a largo plazo". En otras palabras, sin ella los proyectos a largo plazo quedan postergados.

Al momento de definir qué se entiende por seguridad jurí­dica, el socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martí­nez de Hoz (h.) indicó que se da cuando el Estado actúe como guardián del derecho, que exista división de poderes y que tengamos un periodismo independiente que resalte las
falencias del Estado.

"Los niveles de seguridad jurí­dica no cambiaron, no obstante las operaciones de adquisición de empresas continúan". Sin embargo, algunas negociaciones se postergan y otras directamente no se realizan. Aseguró que lo que ocurre es que cambian los jugadores, el perfil del adquirente, los plazos y condiciones y el precio.

Marí­a Bourdin
mbourdin@infobae.com