La Justicia constató otro vínculo entre el empresario K, Lázaro Báez, y el macrista íngelo Calcaterra
IECSA, la compañía del primo del Presidente, también fue cliente de "La Rosadita", financiera desde la que se realizaban las maniobras de lavado de dinero
El empresario kirchnerista, Lázaro Báez, dirigió la causa por lavado de dinero en la que está detenido y procesado, hacia el macrismo. Vinculó al caso a Ángelo Calcaterra, uno de los principales empresarios de la obra pública, socio suyo en algunas licitaciones y nada menos que primo del presidente Mauricio Macri.
Declaró ante el juez federal, Sebastián Casanello, que con IECSA -empresa de Calcaterra- participó de una licitación y que por eso obtuvo como préstamo los u$s33 millones de una financiera suiza por los que el miércoles pasado fue procesado por segunda vez por lavado.
Pero la relación entre ambos empresarios no quedí ahí. Ahora se conoció que IECSA presentó los papeles para ser cliente y operar con SGI, más conocida como "La Rosadita", la financiera que se le atribuye a Báez a través de Daniel Pérez Gadín y que era propiedad de Federico Elaskar.
Es la entidad que Casanello tildó como "cueva financiera" desde la que se realizaban operaciones de lavado de los fondos de Báez.
Y son sus oficinas las que aparecen en el video donde se ve a Martín Báez, hijo de Lázaro, a Peréz Gadín y a Fabián Rossi, entre otros, contando 5,1 millones de dólares.
Báez fue procesado este miércoles por lavado por el reingreso al país de u$s33 millones a través de "Helvetic Service Group".
Para Casanello, obtuvo ilícitamente el dinero, lo sacó del país y lo volvió a entrar en cuentas de su empresa "Austral Construcciones" mediante bonos de la deuda. Por eso lo procesó junto a su hijo Martín y a otros integrantes de Austral.
Cuando Báez declaró el 5 de mayo dijo que Helvetic le prestó el dinero para participar con IECSA -de Calcaterra-, Synohydro Corporation, ESUCO S.A. y CHEDIAK de la licitación pública para la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cipernic".
Pero no es el único vínculo Báez-Calcaterra. Cuando se allanó "La Rosadita"se encontró "un legajo de cliente de IECSA" que contenía la firma de su presidente, Santiago Altieri, y de los directivos Alejandro Blasco, Giordano Meda y Víctor Folch para actuar ante la financiera que se le atribuye a Báez.
"A su vez allí obra una nota de IECSA, dirigida a SGI, en donde hacen saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen Ángelo Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y tiene fecha 12 de mayo de 2012.", explicó el juez Casanello en su resolución.
La llegada de IECSA a SGI es de mediados de mayo de 2012, unos meses antes del registro de las imágenes en las que se ve en la financiera a Martín Báez y otras personas contando los millones de dólares.
El 4 de mayo el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, abrió la licitación para las represas.
"Para esas fechas en que las constancias muestran a IECSA efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez -recuérdese que Federico Elaskar había cedido sus acciones varios meses antes", agregó.
El juez señaló que estos vínculos "en nada inciden" en la acusación contra Báez por lavado de dinero.
"Si los fondos tenían como finalidad la realización de una obra pública de gran envergadura, y si ello se iba a llevar a cabo en sociedad con otras empresas, es indistinto al momento de evaluar la relevancia penal de la conducta", explicó el magistrado según Infobae.
De hecho, Báez había pedido que Calcaterra sea citado a declarar como testigo y Casanello no lo convocó.
"Lo que se ha reprochado a lo largo del presente pronunciamiento -y que debe ser entendido integralmente con el resto de las resoluciones de mérito del tribunal- es que los u$s32.800.000 provenientes de Helvetic, eran fondos ilícitamente obtenidos por Lázaro Antonio Báez, y que valiéndose de la intervención de actores que se encuentran íntimamente vinculados a él, se utilizó en forma ardidosa a la firma HSG para canalizar esos bienes de modo tal de ocultar su origen e integrarlos al patrimonio de Austral Construcciones bajo apariencia de licitud", concluyó.
Tras la declaración de Báez, diputados del Frente para la Victoria pidieron que Calcaterra sea investigado en la causa por presuntos sobreprecios en la obra pública. El fiscal Guillermo Marijuán rechazó el planteo al señalar que en la causa se investiga lavado de dinero y que en otros juzgados tramitan causas por irregularidades en la obra pública.
El descargo de CalcaterraA poco de conocida la información, la firma emitió un comunicado en el que detalló que en 2012 recibieron una llamada de de SGI solicitando una reunión con la Gerencia Financiera para ofrecer productos de préstamos y descuento de cheques.
"Se coordinó una reunión en la que fueron recibidos por el responsable a cargo del Área Financiera de la empresa, Alejandro Blasco, en su oficina y los señores Gustavo Fernández (presidente de SGI) y Marcelo Michelski (oficial de Cuenta) por SGI", precisó.
De acuerdo a la nota, "estas personas manifestaron su interés en captar nuevos clientes y ofrecieron trabajar con operaciones de préstamos con descuento de cheques. En dicha reunión se comentó que SGI estaba trabajando fuerte con otras empresas y que deseaba contar con la empresa entre sus clientes".
"Si bien el legajo de apertura de cuenta fue presentado en mayo 2012, la empresa nunca realizó operaciones de descuento de cheques ni tampoco ninguna otra operación de ninguna índole con SGI. Es decir, la actividad comercial entre la empresa y SGI fue absolutamente nula", aseguró. Y dijo que los datos revelados en las últimas horas son "falsos y maliciosos porque no existe ni existió actividad ni vinculo comercial alguno entre la empresa y SGI".