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Procesan a ex funcionarios por lavado en la campaña de Cristina en 2007

El juez Lijo determinó que tres empresas farmacéutica que hicieron donaciones a la campaña "pusieron en circulación en el mercado dinero de origen ilícito"

23/06/2016
Actualizado 12:32hs

El juez Ariel Lijo procesó a ex funcionarios K y empresarios farmacéuticos por lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

Acusó de ese delito a Héctor Capaccioli, quien fuera titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)y al ex gerente de la ANSES, Sebastián Gramajo.

También apuntó contra Néstor Lorenzo y Carlos Torres, dueños de Multipharma, Gabriel Brito de Global Pharmacy y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen), titular de la compañía Seacamp.

Según explica el magistrado en la medida difundida por el Centro de Información Judicial, los ex funcionarios y los empresarios participaron de un entramado de operaciones que permitió lavar casi un millón de pesos que provenía de estafas con medicamentos.

Lijo entendió que en los aportes efectuados por las tres farmacéuticas para la campaña del Frente para la Victoria (FpV) se pusieron en circulación $886.000 de origen ilegal.

Las droguerías, determinó el juez, entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.

Lijo verificó que las droguerías no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que registraron.

Según el juez, los encargados de poner en circulación los fondos fueron Capaccioli y Lorenzo, uno de los empresarios y nexo con las demás firmas del sector.

Gramajo, por su parte, era el encargado de recibir los cheques.

La droguería Multipharma, de Lorenzo y Torres, aportó a la campaña que llevó el slogan "Cristina, Cobos y vos" $376.000; Global Pharmacy de Brito, $310.000, y Seacamp, que era de Forza, sumó 200.000 pesos.

En su resolución de 150 páginas, el juez dispuso embargos a todos los involucrados hasta cubrir la suma de tres millones de pesos.

Ninguno de los imputados irá, por ahora, a la cárcel, pues el juez dispuso que los procesamientos, por el delito de "lavado de activos de origen delictivo", sean sin prisión preventiva.