Confirman que López salió intempestivamente de su casa la noche que quiso ocultar u$s9 millones

En la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, el juez federal Daniel Rafecas llevó adelante una inspección ocular en la vivienda que el ex funcionario tiene en Dique Luján.

El operativo se extendió por unas tres horas aproximadamente y contó con la asistencia de la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, junto con sus secretarios y personal policial local, informó el Centro de Información Judicial.Los uniformados fueron los encargados de ilustrar al magistrado acerca de cómo hallaron la casa del ex Secretario de Obras Públicas kirchnerista durante el primer allanamiento la semana anterior. La vivienda, según dijeron fuentes judiciales, se encontraba desordenada y denotaba una salida intempestiva de López la noche en la que pocas horas después sería encontrado con los casi u$s9 millones en el convento de General Rodríguez.También se encontraron rastros de una cena interrumpida -solo quedo puré en los platos- y un rosario de perchas de trajes de hombre en la parte baja de la escalera. Estos datos refuerzan la hipótesis de una fuerte discusión entre el ex funcionario y su compañero de cena.Además, tras recorrer todos los sectores del inmueble -de dos plantas-, el Juzgado procedió al secuestro de documentación de interés para la investigación, consistente en escrituras y contratos de locación en los que figura el matrimonio López.También obtuvieron estados contables y documentación varia relacionada con la empresa "La Araceliti SA" para explotación de caña de azúcar en la provincia de Tucumán y una serie de carpetas, planos y fotografías relacionadas con la edificación de la vivienda en cuestión. Asimismo, se dio con otro aparato telefónico (tipo "palm") que se encontraba apagado y que será derivado a la Fiscalía Federal interviniente para ser investigado.Por otra parte, López fue notificado personalmente respecto del procesamiento, del embargo impuesto (que es de $200 millones) y del rechazo del pedido de excarcelación. Sus nuevos abogados defensores, que asumieron el mismo martes, son Diego Martín Sánchez y Fernando Gabriel García, a quienes les correrá nuevamente el plazo para apelar dichas medidas.