Decreto de blanqueo a familiares de funcionarios: la justicia pide informes
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Dos jueces federales le pidieron al Gobierno nacional que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando una ley del Congreso de la Nación lo prohibía expresamente.
Los magistrados en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán y Esteban Furnari tomaron la medida en dos causas en las que se pidió que se frene la aplicación del decreto 1206/2012.
El primero de los expedientes lo inició la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", a cargo de Ailán. Luego, se presentó el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá. Esa investigación está a cargo de Furnari.
Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual ante una demanda contra el Estado se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra.
La jueza Ailán le envió al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. Por su parte, Furnari tomó la misma decisión para que en tres días el Poder Ejecutivo también conteste, señaló Infobae.
Una vez que las respuestas lleguen a los juzgados, los magistrados quedarán en condiciones de resolver si suspenden la aplicación del decreto.
"Abogados por la Justicia Social" y el diputado Solá objetaron en sus causas el decreto porque era contrario a lo que el Congreso había aprobado en mayo en la ley 27.260 en la que excluida expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.
La ley había sido aprobada con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Justicialismo y parte del kirchnerismo y con el expreso pedido de la oposición de impedirle el blanqueo a familiares de funcionarios para impedir que estos últimos utilicen a sus allegados para beneficiarse con la norma.
La medida generó duras críticas de la oposición que señalaron que Macri había dictado el decreto para beneficiar a su papá, el empresario Franco Macri.
La oposición mantuvo sus críticas y en la Comisión bicameral de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia del Congreso Nacional el decreto 1206 fue rechazado.
Por otro lado, se iniciaron dos causas penales en las que fueron denunciados Macri, Peña y Prat Gay.
Una de ellas la presentaron diputados nacionales de Libres del Sur por el delito de abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó penalmente a Macri, Peña y Prat Gay para que sean investigados.
La segunda fue presentada por legisladores nacional del Frente para la Victoria y allí el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas previas antes de resolver si imputa a los denunciados.