La oposición se endurece y no avalarí­a los DNU sobre ART y feriados

Ante el receso del Congreso, el Gobierno analiza dictar una serie de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para endurecer los controles migratorios, eliminar los denominados feriados "puente", y también para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo.

En este año electoral, la idea del espacio que conduce el presidente Mauricio Macri es no perder tiempo y adoptar todas las medidas necesarias para llevar adelante su política económica.

De esta manera, no sería necesario -en principio- llamar a sesiones extraordinarias, sino que se podría esperar a marzo para que el Congreso los avale o los rechace.

Esta situación no cuenta con el visto bueno de la oposición que considera que los temas que quiere impulsar el macrismo pueden ser tratadas una vez que comiencen las sesiones ordinarias o incluso antes, con una convocatoria a extraordinarias.

De hecho, hace unos días, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, salió a "marcarle la cancha" al oficialismo con el pedido para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que se reúna, elija sus autoridades y trate los últimos DNU que dictó el presidente.

Es que para el massismo, la estrategia del Gobierno en este año en que el Poder Legislativo renueva la mitad de los miembros en Diputados y un tercio en el Senado es cerrar el Congreso y sacar cuanto DNU pueda.

“Hasta que un día nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”, indicó a los medios la diputada Graciela Camaño, mano derecha de Massa, quien luego consideró que “va a ser un año difícil” y remarcó que el Presidente “no tiene voluntad de resolver los temas legislativos sino de especular”.

En diálogo con iProfesional, el diputado Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, consideró que tanto “la cuestión migratoria como la vinculada a las ART se pueden debatir en sesiones extraordinarias sin necesidad de recurrir a los DNU” y agregó que “son temas complejos que merecen ser debatidos en comisión y luego en el recinto”.

Con respecto al decreto que reorganizaría el calendario de feriados con la eliminación de los feriados puente, el legislador salteño se manifestó en contra porque “afecta a las provincias y sus fechas se pueden compatibilizar para no afectar el calendario educativo”.

“Es un movimiento muy importante para muchas provincias”, indicó y destacó que “el Consejo Federal de Turismo ya se expresó en contra de esta propuesta”.

Con respecto a la idea del Gobierno de dictar un DNU para modificar la ley de ART, Kosiner se mostró sorprendido porque hay un proyecto que tuvo media sanción del Senado a fines del año pasado y sobre el tema migratorio cuestiona en que aún no se sepa el contenido del decreto.

¿Por qué el apuro?
De acuerdo al Gobierno, la actual Ley de Riesgos del Trabajo es inviable y la idea es tener una definición antes de que termine la feria judicial el próximo 31 de enero. 

De esta manera, todos los juicios que se inicien este año deberían estar basados en el decreto y se obligaría a los dependientes accidentados a recurrir a las comisiones médicas para comenzar luego el reclamo judicial.

Así, para el macrismo, se podría "reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo" mediante la "previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo".

Con respecto a la reforma migratoria, la situación actual y la preocupación por el ingreso de inmigrantes ilegales que “vienen a delinquir”, desde la oposición consideran que es un tema extremadamente complejo como para dictar una norma de este tipo “a las apuradas” y que merece un tratamiento exhaustivo en comisión y debate en recinto.

Desde el massismo no acompañarían al Gobierno con su voto en la Comisión de Trámite Legislativo e impulsarían estos temas durante las sesiones ordinarias.

El papel de la comisión
La Constitución de 1994 indica que el Poder Ejecutivo no puede “en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable” emitir disposiciones legislativas. Solo puede hacerlo excepcionalmente cuando haya circunstancias que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Carta Magna para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.

Luego en 2006 se dictó la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia.

De acuerdo a esta norma, la comisión, que tiene 16 miembros y cumple funciones aún durante el receso del Congreso, debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. 

Luego del dictamen, cuya mayoría se logra con 9 votos, deben sesionar las cámaras por separado. Si la aprueba una de ellas, el DNU será válido. En cambio, para ser rechazado, se necesita que ambas cámaras lo desestimen por mayoría simple.

La comisión (compuesta por 8 diputados y 8 senadores) debe elegir sus autoridades en la próxima reunión. El presidente de la misma cumple un papel relevante porque desempata ante igualdad de votos.

El Frente Para la Victoria tiene ocho de los 16 miembros y si puede terminar con las diferencias internas, requiere de al menos un voto para tener mayoría simple para sesionar y emitir dictámenes de mayoría. Cambiemos cuenta con seis integrantes.

Y quien tiene un voto clave es el Frente Renovador, que cuenta con el diputado Raúl Pérez, quien en la mayoría de las ocasiones apoyó la postura del Gobierno, pero en otros casos, ayudó al massismo a desprenderse del macrismo y a marcar su propia estrategia.

El otro voto clave es el de la senadora puntada Liliana Negre de Alonso, quien pertenece al partido de los Rodríguez Saá, que se encuentra en una relación de “tire y afloje” constante con el Gobierno.

El macrismo trató de quitarle relevancia a esta comisión. Es que el escenario ideal para el Gobierno es que la comisión no se reúna, lo que dejaba en vigencia todos los DNU ya aplicados, más allá de las instancias de judicialización que puedan tener.

El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli explicó que "en términos jurídicos parlamentarios no pasa absolutamente nada" si Cambiemos fracasa en su intento de emitir un dictamen de mayoría. Aunque admitió que "puede pasar algo en términos políticos".

"En caso de que se emita un dictamen de mayoría declarando la invalidez del decreto y otro dictamen de minoría a favor del DNU, los dos van al recinto y los dos hay que votarlo por mayoría simple en ambas cámaras", explicó Tonelli, que integra la comisión.