Uno de los puntos destacados en la agenda legislativa que dejará inaugurada Mauricio Macri en el Congreso el próximo jueves serál el proyecto que establece nuevos requisitos de ética y transparencia para los funcionarios, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

El tema subió escalones en el ranking de preocupaciones de Macri como consecuencia de los recientes escándalos políticos que involucraron a funcionarios de primera línea y que le varieron al Gobierno un deterioro de imagen ante la opinión pública.

La Oficina Anticorrupción conducida por Laura Alonso dio a conocer un primer borrador y se aceptan sugerencias para terminar de confeccionar el proyecto que será analizado luego en el ámbito legislativo.

La iniciativa establece exigencias que, de haber estado vigentes hace unos meses, hubiesen provocado el desplazamiento o al menos una sanción grave en funcionarios de renombre como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Finanzas, Luis Caputo.

También hubiese sido desplazado el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que renunció luego de que se diera a conocer que no declaró un depósito u$1,2 millones en un banco de Andorra.

El mismo camino habría sucedido con Mariana Triaca, hermana del titular de la cartera laboral, quien se desempeñaba como titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y está acusada de contratar a una empresa que ella dirigía para efectuar determinados servicios dentro del organismo.

En este último caso, ya hay una investigación en marcha realizada por el fiscal Jorge Di Lello, quien está tratando de determinar si existe el delito de negociaciones incompatibles.

El momento en que se da a conocer el texto coincide con el pedido de Macri durante el encuentro del Gabinete en Chapadmalal, donde consideró que "todos los funcionarios deben dar explicaciones" e hizo referencia a la investigación en curso de la OA.

Es que el caso de Díaz Gilligan había provocado un fuerte malestar interno en la alianza de gobierno, reflejado en las opiniones públicas del diputado radical y Mario Negri y de dos dirigentes que responden a Elisa Carrió (Paula Oliveto y Fernando Sánchez) que exigieron la renuncia del ahora ex funcionario.

Remoción

Según el borrador, los funcionarios que “no observen una conducta acorde con la ética pública, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”. Además, se los puede llegar a acusar para que respondan penal o patrimonialmente.

También establece que la remoción o renuncia del funcionario político antes o durante el procedimiento de investigación no dará por finalizada la investigación para dejar constancia de la infracción cometida y de su responsabilidad en su legajo.

En este contexto, también obliga a los funcionarios públicos a denunciar ante su superior o ante las autoridades competentes las infracciones a la ley de ética pública de las que tuvieran conocimiento. Ello sin perjuicio de la obligación de denunciar los delitos estipulados en el artículo 177 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación.

Según la propuesta, el cumplimiento de este deber no podrá conllevar como represalia el despido, suspensión, cesantía o cualquier modificación de las condiciones de trabajo del denunciante.

Para asegurarse que este procedimiento se cumpla, una vez que se aprueba la ley, se dictará una norma reglamentaria para resguardar la identidad y proteger a los denunciantes o testigos de las infracciones.

Nepotismo

Luego de darse a conocer el denominado “caso Sandra”, el ojo de la opinión pública se colocó sobre el ministro Triaca. A pesar de la presión de distintos partidos de la oposición y de algunos miembros de Cambiemos, puertas adentro, el presidente Mauricio Macri decidió ratificarle su confianza al titular de la cartera laboral.

Casi al mismo tiempo, se dio a conocer que las hermanas de Triaca e inclusive su cuñado ocupaban diversos cargos en el Estado. El Gobierno emitió un decreto conocido como “antinepotismo”, por lo varios familiares de funcionarios debieron dejar sus puestos en la administración pública nacional.

El proyecto sigue los lineamientos del decreto y prohíbe “la designación en el ámbito de la Administración Pública Nacional de los cónyuges, convivientes o parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado” del presidente, vice, jefe de Gabinete y ministros.

En caso de ser aprobado, la misma prohibición regirá para diputados y senadores, y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, aunque en estos casos el impedimento sólo corresponderá dentro de la misma repartición.

En el caso de los legisladores se entiende que el ámbito es el Congreso. Por ejemplo, el hijo de un senador tampoco podrá ser empleado en la cámara baja.

Habrá una excepción para aquellos que hayan sido designados por concurso público de antecedentes. Y si la persona en cuestión ya se encontraba cumpliendo funciones al momento de asunción del funcionario, sólo podrá ser promovida si se cumplen los requisitos y procedimientos del régimen de su respectiva función.

Declaración jurada

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, omitió al ingresar en la función pública que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, según surge de documentos oficiales de la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC).

Y en el caso de Díaz Gilligan quedó envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra.

Es más, la Oficina Anticorrupción había corroborado que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo.

Ahora, el proyecto estipula que los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales (nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales -actuales y de los últimos tres años-, cotitulares de sus bienes, etc.).

Entre las novedades, se agregan como ítems a declarar los “bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos en los que participe el declarante, en el país o en el extranjero, identificando el fideicomiso y sus partes”; y “las personas jurídicas, fideicomisos o cualquier otra forma contractual de la que el declarante resulte ser beneficiario o propietario final”.

Se buscará también que haya un mayor detalle de las sociedades que conforman sus actividades actuales o anteriores. 

También se hace una clasificación sobre qué ítems de la declaración jurada son públicos, y cuáles son “reservados” (accesibles para la autoridad de aplicación, la autoridad judicial o el Ministerio Público Fiscal). Son datos de individualización de cuentas

Conflicto de interesesDe acuerdo al proyecto, existe “conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico.

Este régimen no incluye al Congreso, al Poder Judicial ni el Ministerio Público.

Así, se prohíbe durante el ejercicio de la función pública la realización de actividades en el ámbito privado -en forma honoraria o remunerada- y la prestación de servicios a quienes realizan esas actividades, sobre las que como funcionario tenga atribuciones, sean o no decisorias.

También se impide al funcionario proveer -directa o indirectamente, en forma personal o valiéndose de un tercero- bienes, servicios u obras al organismo en el que ejerce su competencia o a los órganos o entidades que actúen en su jurisdicción, aun cuando se carezca de atribuciones sobre la contratación.

Aquí podría encuadrar el caso de la hermana del ministro de Trabajo, quien fue imputada por el fiscal Jorge Di Lello por el delito de negociaciones incompatibles ya que, mientras se desempeñaba como Titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, había contratado una empresa de la que era socia para que preste servicios en el organismo.