Las comisiones de Legislación del Trabajo, y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la cámara de Diputados se reunirán este martes para  debatir los proyectos de reforma al régimen de licencias especiales y de equidad salarial de género.

Hace dos semanas, en medio de la turbulencia por el precio del dólar, la reunión se pospuso pero ahora se confirmó que asistirán autoridades de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de las Mujeres – INAM – dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Será una de las primeras reuniones para tratar de emitir dictamen a los proyectos que prevén ampliar la licencia por paternidad (que en la actualidad es de solo dos días). La propuesta del Gobierno es de extenderla a 15 días, pese a los cuestionamientos realizados por algunos sectores empresarios.

Además, se analizará el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El oficialismo presentó una iniciativa que castiga esa práctica, pero los especialistas consultados por iProfesional son reticentes en cuanto al éxito de una norma de ese tipo, porque consideran que se puede solucionar controlando más a las empresas y que las leyes vigentes ya la prohíben.

En concreto, se analizará un conjunto de iniciativas que tiene costos y beneficios para el macrismo. Por un lado se arriesga a generar fisuras internas y ahondar la desconfianza con medidas que regulan al sector privado. Pero, por otro, le permite dividir a la oposición y correr el eje de discusión en medio de una coyuntura dominada por las dificultades económicas que afronta el modelo.

Licencias

Las licencias por paternidad en Argentina varían según el sector y la provincia. En el sector privado, los empleados tienen dos días corridos. Es una de las más cortas de toda América Latina.

En comparación, la licencia de maternidad es de 90 días.

Para empleados públicos provinciales, la licencia de paternidad es generalmente mayor, pero depende de cada jurisdicción. Los empleados públicos de La Rioja son quienes tienen la más extensa, de 30 días. Al mismo tiempo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando una reforma para garantizar hasta 45 días de licencia para los empleados públicos porteños. La reforma también permitiría que la madre transfiera días de licencia al padre.

Más aún, no se toman en cuenta en la legislación vigente los casos de familias monoparentales, adopción, partos múltiples, extensiones por enfermedad o discapacidad, así­ como qué ocurre cuando los padres son del mismo género, etc. En este caso, el proyecto oficial buscará incluir estos casos.

También hay proyectos que proponen, como ocurre en algunos países nórdicos, reformular el sistema para promover licencias familiares que no distingan por género sino por roles, y que eliminen el sesgo maternalista de la ley actual.

En este último caso, la licencia podría alcanzar los seis meses o el año y podría ser tomado, alternadamente, por el padre o madre.

Equidad salarial

El oficialismo también presentó un proyecto de ley sobre paridad salarial entre géneros. Si bien la distinción salarial está prohibida por las leyes vigentes, tratados internacionales y la Constitución nacional, es uno de los grandes problemas que aquejan al mercado laboral actual.

El debate se centrará en la "letra chica" y se expondrán las dificultades operativas, que para los empresarios es el aspecto más preocupante. Los hombres de negocios consideran que en lugar de beneficiarlas, las mujeres podrían ser perjudicadas ya que habrá mayor reticencia a contratarlas. Además, en las empresas se ve con desconfianza la injerencia estatal sobre políticas salariales, donde reclaman libertad para dar premios por mérito.

En concreto, la iniciativa apunta a lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres. Hoy, la brecha de ingresos es del 26,27%.

En la CAME, la cámara de comercio que nuclea principalmente a las pymes, consideran que la reforma "es díficil de aplicar, ya que "al haber pocos empleados no existe uniformidad de tareas entre todos y son más polifuncionales".

Al anunciar el proyecto de paridad salarial, el presidente Mauricio Macri insistió en que "no podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre" y remarcó que "el salario igualitario tiene que ser una realidad en cada rincón del país".

En sus considerandos, la propuesta señala que si bien el Gobierno reconoce que ya existen leyes que tratan sobre esos temas, "la equidad de género laboral no se ha verificado en la realidad cotidiana del trabajo".

Por lo que, el oficialismo considera "imprescindible adoptar una política legislativa concreta y efectiva para revertir estas situaciones que perjudican a la mujer y a toda la sociedad".

La iniciativa consta de tres capítulos. En el primero de ellos se modifican la denominación del Título "Trabajo de Mujeres"  de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que -en caso de ser aprobado- pasará a denominarse "De la equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo".

De acuerdo a los especialistas consultados por iProfesional, con las normas vigentes ya se podría llevar a cabo una política de protección a la mujer para evitar discriminaciones salariales y de trato por cuestiones de género.

Y destacan que las acciones para poder terminar con esta brecha quedarían en manos de los empleadores a través del cumplimiento de las leyes y de los ministerios de Trabajo respectivos (nacionales y provinciales) -a través de de los órganos encargados de realizar el control- con su poder sancionador.

Sobre este punto, Daniel Orlansky, socio del estudio Baker & Mckenzie, remarca que "la autoridad laboral puede detectar muy fácil la infracción al ver el libro de sueldos, como así­ también consultar al personal en el momento de la inspección sobre el cumplimiento de la normativa en materia salarial".

Y, en el caso de que se lleve a cabo una controversia sobre un caso en particular, el inspector puede citar al empleador, al trabajador, o a cualquier tercero que pueda tener conocimiento sobre hechos relativos al incumplimiento de la normativa laboral.

Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Luppi & Asociados, indica que "en términos legales, la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligatoriedad de igual salario por igual tarea, además de los convenios internacionales con jerarquía constitucional y la ley antidiscriminación".

En tanto, para Orlansky "son los actores sociales quienes deben velar por el cumplimiento de las normas. Autoridad laboral y sindicato tienen facultades para monitorear y evitar la discriminación salarial".

"El tema más complejo es la contratación de mujeres para determinados oficios que histórica y culturalmente se encuentra instalado que son de hombres (como el caso de los colectiveros), la posibilidad de un crecimiento profesional, la contratación de mujeres en posiciones claves, entre otras", enfatiza el socio de Baker & Mckenzie.