En medio de la turbulencia cambiaria e inflacionaria, Luis Caputo dejó de pertenecer al Gabinete nacional. Fue ministro de Finanzas y titular del Banco Central. De todas maneras, su salida está lejos de dejarlo tranquilo. Es que debe afrontar un frente judicial que lo tiene involucrado en varias causas derivadas por su paso en la función pública.

Todas las denuncias coinciden en algo: el aprovechamiento de sus cargos para enriquecerse mediante operaciones lícitas, en las cuales pudo haber conocido datos de antemano gracias a sus puestos de relevancia.

Algunos de sus acusadores, como el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y el senador Fernando “Pino” Solanas, ya pidieron en los tribunales que se impida su salida del país sin autorización judicial previa, ya que consideran que ello podría ser un obstáculo para las investigaciones.

“Caputo no se puede ir del país no sólo por lo que hizo previo a asumir, sino también por lo que hizo como funcionario. Caputo le hizo perder al país 15 mil millones de dólares de reservas en tres meses y eso debe ser investigado”, indicó Tailhade .

En tanto, Solanas, en su cuenta de Twitter, señaló que el extitular del BCRA “se enriqueció con el dólar futuro. Escondió la tenencia de acciones y su participación en sociedades offshore. Endeudó al país por 100 años. Favoreció con dinero de la Anses a un fondo de inversión del cual es fundador. Esto es traición a la Patria, Caputo”.

Ganancia con Lebacs

A principios de este mes, fue denunciado por Leandro Santoro, legislador porteño de Unidad Ciudadana, por “abuso de información privilegiada” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. Allí, el juez Julián Ercolini deberá determinar si, aprovechándose de sus cargos, Caputo realizó operaciones financieras personales que lo beneficiaron.

La información privilegiada es aquella “relevante o material” y “no publicada” relacionada con una sociedad sometida al régimen de la oferta pública, por parte de aquél que compra o vende valores de dicha emisora en el mercado de capitales.

Por “relevante” o “material”, quiere decir que se trata de información que, si fuera dada a conocer al público, afectaría el precio de los valores, o al menos, sería un factor importante a considerar por parte de los inversores.

Según la denuncia, Caputo compró a título personal unos 8.554.563 pesos en Letras del Banco Central (Lebac) que vencieron en noviembre pasado.

Luego realizó la operación otras dos veces, la última vez con un monto de 8.979.000 pesos y con un vencimiento para el 17 de enero de este año.

El problema en este tipo de investigaciones radica en la dificultad de probarlos, pues aún en casos muy flagrantes la falta de pruebas concretas, a pesar de las múltiples evidencias, constituye una barrera casi infranqueable que puede hacer que los acusados no se vean sancionados.

 “Ese dinero no fue renovado en Lebac, y fue retirado de su cuenta, por lo que evidentemente no adquirió ningún instrumento financiero que conste a través de la Caja de Valores, lo que permite suponer que adquirió dólares justo cuando esa moneda comenzó su ascenso luego de un tiempo de estabilidad cambiaria”, dijo el denunciante.

A principios de enero, poco antes de que venciera el plazo de su inversión en letras del Banco Central, Caputo estuvo de misión oficial en los Estados Unidos para promover la última emisión de deuda en el mercado privado externo.

“El entonces ministro de Hacienda toma conocimiento de que los mercados financieros internacionales dejarán de prestarle divisas al país, por lo cual, cabe inferir, Caputo se anticipó al aumento del tipo de cambio como consecuencia de la escasez de dólares y utilizó información privilegiada para cambiar sus posiciones personales de Lebac a dólares, a contramano de los inversores”, explicó el legislador de extracción radical.

En concreto, se lo acusa de haber estado en “los dos lados del mostrador” y aprovechar su posición y conocimiento de datos relevantes para aumentar su patrimonio.

También surge el denominado conflicto de intereses ya que, por el acceso a información sensible, podrían enfrentar un dilema entre el deber de promover el interés público y sus intereses patrimoniales.

Precisamente, este caso está contemplado en el proyecto de Ley de Ética Pública que redactó la Oficina Anticorrupción.

Omisiones en la declaración jurada

La primera acusación que tuvo Caputo fue en el caso “Paradise Papers” por omitir en su declaración jurada que fue socio de sociedades offshore manejadas por una empresa que administró bonos de deuda argentina en default. Esos bonos, en 2016, fueron negociados cuando él ya ejercía su rol como ministro de Finanzas.

En esta causa se investiga si cometió el delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes de funcionarios. Se trata de un delito con penas de prisión de hasta dos años, pero requiere acreditar que se obró con malicia al ocultar la información al Estado.

La presentación contra el funcionario recayó en el juzgado federal Nº8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y lleva la firma del senador Fernando Solanas.

“La pertenencia a ese tipo de sociedades no constituye prima facie un delito de acción pública, en la mayoría de los casos, se utilizan para el lavado de activos, para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, como ha quedado demostrado en la amplia bibliografía que existe sobre la materia”, sostiene el senador opositor.

Otra de las causas está relacionada a la ausencia en su declaración jurada patrimonial de su participación en el fondo de inversión Noctua Asset Management, radicado en un paraíso fiscal.

Allí se lo acusa de la comisión de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.

“Hay causas penales donde Caputo está imputado. La más importante es en la que manejaba dinero negro de un montón de millonarios argentinos a través de su fondo de inversión Noctua”, dijo Tailhade.

En otras causas, por ahora respira

Hay dos investigaciones en las que el extitular del Central por ahora está tranquilo, ya que fue sobreseído en primera instancia por el mismo juez (Luis Rodríguez). Ambas fueron apeladas y esperan la resolución de la cámara

En primer lugar, por negociaciones incompatibles con la función pública, cuando $500 millones fueron invertidos durante 2016 en la compra de Lebac y por ello se pagaron comisiones a un fondo de inversión FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el propio exministro, quien lo integró hasta diciembre de 2015, cuando renunció para asumir su cargo.

En segundo lugar, diputados del Frente para la Victoria habían acusado a Caputo por la compra de 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro, en noviembre de 2015, por parte del fondo Axis que dirigía antes de validar una devaluación como funcionario.

Señalaron que luego, en su rol de funcionario, él mismo tomó decisiones sobre el precio de esos contratos, provocando “ganancias monumentales para los adquirentes”.