La polémica legal por Uber: ¿app de servicios o empresa de transporte?
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La Legislatura porteña convirtió en ley la iniciativa que endurece las penas para los choferes de Uber y quienes transporten pasajeros de manera ilegal recibirán multas de hasta $ 200.000 y el retiro de licencia.
"Con la modificación del Código buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad de los vecinos", destacó el Vicepresidente 1° de la Legislatura, Francisco Quintana (PRO).
"En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino", remarcó.
La medida fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García.
El argumento es que la empresa ofrece su servicio en otras ciudades del extranjero, y en muchas debió adaptarse a la legislación local. En ese punto, también debería cumplir con las exigencias legales y reglamentarias del ámbito porteño y demás regulaciones societarias y tributarias.
La firma cuestionó dos artículos que se agregarán al Código de Tránsito. Uno faculta a la Ciudad a retener "conductores, vehículos y su documentación por el tiempo necesario", entre otras cuestiones, "cuando preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente". También "cuando el conductor de un servicio de transporte de pasajeros preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo".
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El otro faculta a los agentes públicos a retener los vehículos si constata que prestan "un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos o en excesos de los mismos, sin perjuicio de la sanción pertinente".
La discusión
En este caso, la discusión se centra en si Uber es una empresa de transporte (postura del Gobierno porteño) o de servicios (postura de la empresa).
Si triunfa la primera postura, la firma estaría obligada a obtener el aval legislativo, luego a registrarse en la Ciudad y cumplir otras leyes –como las laborales y de seguros al tener que contratar una cobertura de transporte oneroso y a responder ante los pasajeros por casos de accidentes- y pagar impuestos locales, como lo hacen los