Jorge Rizzo: "La creación de Cassaba fue un exceso jurí­dico"

La victoria de Gente de Derecho en las elecciones de renovación de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), del pasado 25 de abril, no nos ha hecho cesar en nuestro empeñoso esfuerzo en defensa de la Constitución Nacional.

En concordancia con esta irreductible posición que nos caracteriza desde hace años, y a efectos de suplir la llamativa omisión de las actuales autoridades del CPACF, hemos adherido de manera personal y con el inocultable gesto institucional que ello implica, al amparo promovido por el prestigioso y respetado colega Ricardo Monner Sans contra la ley que modificó la representatividad del Consejo de la Magistratura Nacional.

Su prestigiosa trayectoria, y la inconcebible inacción de la actual conducción del CPACF ante este nuevo avasallamiento del poder polí­tico sobre la Carta Magna y los derechos de los abogados, nos llevaron a férrea decisión de adherir de inmediato, tratando así­ de suplir el incomprensible silencio institucional y representar nuevamente desde el llano la vocación republicana de la mayorí­a de los abogados.

En cuanto al tema que preocupa a toda la familia de la abogací­a, la inocultable inconstitucionalidad de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cassaba), es importante señalar que la acción declarativa de inconstitucionalidad que entabláramos en diciembre de 2004 ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, cuya competencia fuera declinada sucesivamente por el juez de primera instancia Dr. Marinelli, la Sala V de la Cámara de Apelaciones y, finalmente por el fuero de la Seguridad Social, culminó por fallo expedido por la Corte.

El Máximo Tribunal sentó que, como fundáramos a derecho al tiempo del sorteo de la demanda, le corresponde, sin dudas, al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Así­ las cosas, el expediente retornó el pasado 16 de mayo ante el Dr. Marinelli, quien ahora deberá expedirse, esperamos que con la celeridad del caso, sobre la medida cautelar de "no innovar" que peticionamos en el escrito de inicio. En cumplimiento de nuestra plataforma electoral, el CPACF adherirá, antes del 6 de junio próximo a dicha acción, como coactor.

Asimismo, siguiendo con la cuestión Cassaba, con fundamentos constitucionales crí­ticos y razonados, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, Dr. Vitale, declaró la inconstitucionalidad de la ley 1.181, en autos "Kion SAIC s/Concurso Preventivo s/Incidente promovido por Ramí­rez Bosco, Lucas", haciendo hincapié en la redacción del segundo párrafo del artí­culo 125 de la Carta Magna, cuestión que venimos reiterando desde 2003.

El juez, en ejercicio digno de sus funciones, no evitó como muchos de sus colegas la cuestión de fondo y, haciendo uso de los antecedentes de la Convención Reformadora de 1994, manifiestó la voluntad de los constituyentes no fue la facultar a la Ciudad de Buenos Aires a crear organismos de seguridad social, habiendo concluido en que sólo debí­a conservar los ya existentes; pronunciándose así­ en forma clara, contundente e inequí­voca, a no otorgar la potestad a la Ciudad de crear cajas de previsión social del estilo de la Cassaba. Va de suyo pues, que la creación de Cassaba ha sido un exceso jurí­dico, contrariando la letra de los preceptos constitucionales.

Finalmente, es dable recordar que, a partir del próximo 30 de mayo, haciendo uso de los recursos de toda í­ndole con los que cuenta, el CPACF no tolerará que se mancille la Ley Suprema de la Nación; que se vulneren incumbencias, honorarios y demás derechos de los abogados, ni seguirá siendo un espectador silencioso y complaciente de cualquier interferencia del poder polí­tico sobre la real independencia del judicial.


Jorge Rizzo, presidente electo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal