La ley antidespidos en su segunda versión es una de las vetas que la oposición ha detectado no sólo para inferirle una derrota al Gobierno en el Congreso y ante la opinión pública, sino eventualmente para generarle una brecha interna: los promotores de la ley se entusiasman con obtener los votos de legisladores radicales para que el proyecto salga por amplia mayoría.

Y, aunque oficialmente no se han tomado definiciones, gran parte del arco político da por asumido que Mauricio Macri volvería a vetar la ley, con los mismos argumentos con los que lo había hecho en 2016.

Según el jefe de Estado, medidas tales como la duplicación de la indemnización por despido son la peor forma de ayudar a los trabajadores porque inhiben la creación de nuevos empleos.

Pero claro, el contexto de hoy no es el mismo de hace tres años. En aquella ocasión, Macri había anunciado su veto rodeado de trabajadores de Cresta Roja, todo un símbolo de un resurgimiento de empresas privadas que se reconvertían sobre la base de una macroeconomía saneada.

En otras palabras, el anuncio del veto fue, en aquel momento, un gesto de fortaleza política, una reafirmación de principios.

"No quieren que progresemos. Dicen ‘no queremos que le vaya bien a este Gobierno’. Pero llevamos cinco años sin generar empleo", aseveraba durante un acto en el partido bonaerense de Esteban Echeverria.

Allí, señaló que uno de los grandes objetivos propuestos por su Gobierno era "avanzar hacia la pobreza cero", y que para lograrlo estaba "realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo". Pero la realidad le dio la espalda a esos deseos.

Hoy, si quisiera repetir el anuncio del veto, Macri no encontraría condiciones de dar el mismo mensaje. Con despidos y suspensiones en las noticias de cada día, y con la economía sumida en una profunda recesión, es difícil evitar el "costo político" ante una medida de ese tipo.

De hecho, el índice de desempleo se acerca a los dos dígitos. Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la suba del desempleo a 9,6% de la población económicamente activa y fue la más alta en 12 años. Ese porcentaje se elevó a 10,8% en la franja femenina.

Un bis con aprobación casi segura

En 2016, la iniciativa fue impulsada por el kirchnerismo y contó con el apoyo del Frente Renovador que lidera Sergio Massa y del bloque Justicialista. A pesar de las negociaciones y diversos intentos, el Gobierno no logró frenarla y fue la primera derrota legislativa importante para el oficialismo.

Por ese motivo, desde la oposición, hay confianza para reunir el número de legisladores necesarios para impulsar y sancionar la norma en el primer semestre de este año. 

El proyecto de ley tiene respaldo de las cinco centrales obreras y fue presentado por diputados de extracción gremial como Hugo Yasky, Facundo Moyano, Walter Correa, Abel Furlán, Vanesa Siley y Pablo Carro.

"El tiempo demostró que mintieron con su promesa de generar empleo genuino. No solo eso: la situación en el mundo laboral empeoró al punto que ya ni existe el Ministerio de Trabajo en nuestro país", alertó Siley.

En concreto, la iniciativa es una réplica de la que fuera presentada hace tres años y que establece:

- La declaración por un período de 180 días de la emergencia pública en materia ocupacional tanto en el ámbito estatal como privado.

- Durante ese período se prohíbe despedir a cualquier trabajador. No importará en este caso la modalidad contractual.

- En caso de concretarse la desvinculación, los dependientes afectados podrán optar por accionar judicialmente en reclamo de su reinstalación en el puesto o a recibir el doble de las indemnizaciones por despido sin causa previstas por ley que le correspondieran.

- En cualquiera de esas posibilidades, los empleadores deberán realizar las contribuciones y los aportes que le hubiesen correspondido efectuar por los dependientes afectados.

- Se dispone la continuidad automática de los trabajadores estatales contratados por 180 días en iguales condiciones a las que se incorporaron a la plantilla estatal.

- Se establece además que se renovarán de manera automática los contratos laborales (públicos o privados) que venzan durante el período de emergencia, hasta su fin.

El texto llegaría la semana próxima a la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado Sergio Ziliotto, candidato a gobernador de La Pampa del peronismo, quien podría agilizar su tratamiento para que llegue lo más pronto posible al recinto.

¿Otro veto?

Los diputados opositores todavía ponen una nota de duda respecto de si, en plena campaña electoral, Macri vetaría la ley. Consideran que un nuevo veto sería un grave error porque el escenario económico es distinto y nada de lo que prometió el mandatario finalmente ocurrió.

Los diputados consultados al respecto señalan que si Macri recurre al veto demostrará que "vive en su propia realidad" y que no le interesa la eliminación de los puestos laborales.

Es más, se ilusionan con que algunos legisladores oficialistas (especialmente algunos radicales) apoyen el texto porque "todos advierten la ola de despidos". De hecho, señalan que el escenario es peor al del primer semestre de 2016. "Los trabajadores están cada vez peor, los sueldos no alcanzan y el Gobierno no hace nada para frenar esta situación", agregaron desde el peronismo a iProfesional.

Y destacaron que el decreto del veto enfatizó que "la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal", pero eso no fue lo que ocurrió.

Por último, remarcaron que fracasó el decreto de noviembre del año pasado que le ordenaba a las empresas que pretendían recortar sus plantillas de trabajadores informar al Ministerio de Producción y Trabajo diez días antes de concretar los despidos sin causa.

De todas formas, hay también quienes creen que, luego de haber vetado en 2016, Macri no tiene otra alternativa que volver a tomar la misma actitud, para no ser acusado de falta de coherencia o para que no se interprete que hay desconfianza en la recuperación del empleo privado.

Consultados por iProfesional, desde el oficialismo no se animaron a aventurar qué puede llegar a pasar con el proyecto pero recordaron que los kirchneristas, en 2010 y 2014, se opusieron a la sanción de la misma ley, por lo que consideran que solo buscan el rédito político.

Desde el estudio Aguirre Saravia & Gebhardt explicaron que en este tipo de casos "habrá que ver qué proyecto se aprueba, ya que  se trata de un tema sensible que tiene que ver con la conceptualización misma del derecho a trabajar como un derecho humano esencial, el cual,  como todo derecho, no es absoluto y se encuentra sujeto a las leyes que lo reglamentan".

"Pero también tiene que ver con la coyuntura  económica y social, los niveles de desempleo, la libertad contractual y la consideración de la ausencia de seguridad jurídica como un limitante del desarrollo económico", concluyeron.