La Justicia ya comenzó a investigar al Grupo Soldati

Rodolfo Canicoba Corral, el juez federal que investiga un presunto fraude en el concurso preventivo de las empresas que integran el Grupo Soldati, ordenó las primeras medidas en la causa.

Así, el juzgado ya analiza los expedientes de los concursos preventivos de Compañía General de Combustibles (CGC) y Tren de la Costa, empresas que integran el Grupo Soldati junto con Sociedad Comercial del Plata.

Además, el magistrado requerirá en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le remita al expediente del concurso preventivo de Sociedad Comercial del Plata.

La reestructuración de deuda de la empresa emblema del holding Soldati fue homologada por la Cámara Comercial hace dos años.

Sin embargo, la misma fue apelada tanto por la fiscal general de la cámara comercial –Alejandra Gils Carbó– como por el Banco Provincia, uno de los acreedores que no consintió la propuesta de pago.

Hace poco menos de un mes, la cámara comercial hizo lugar al recurso extraordinario, y la suerte de la reestructuración de la deuda de la compañía ahora está en manos de la Corte Suprema.

En principio, según adelantaron fuentes judiciales, el análisis del concurso de CGC estaría muy avanzado. Sin embargo, el eje de la denuncia se centra en Sociedad Comercial del Plata, por lo que la causa recibirá un fuerte impulso cuando la Corte remita el expediente al juzgado de Canicoba.

Listado
En cuanto a las partes involucradas en la denuncia –los negociadores de los acuerdos, algunos acreedores que votaron la propuesta de pago, directivos y síndicos de sociedades offshore vinculadas, la jueza comercial Norma di Noto y el directorio y síndicos del Banco Nación– hasta ahora sólo Soldati se presentó.

Lo hizo en el expediente, en su carácter de presidente del holding que aspira a reestructurar una deuda que antes de la devaluación y de la reestructuración ascendía a u$s1.000 millones. Fuentes vinculadas con el caso resaltaron a infobaeprofesional.com la complejidad de la investigación, dado el caudal de información existente y la multiplicidad de personas, hechos y conductas denunciados.

Los delitos imputados forman un listado que va desde la estafa, administración fraudulenta, insolvencia y connivencia fraudulenta hasta las negociaciones incompatibles con la función pública, prevaricato, evasión agravada, balance falso, actos indebidos de funcionarios societarios y enriquecimiento ilícito.

La denuncia contra Comercial del Plata ingresó en el juzgado de Canicoba Corral el 8 de marzo pasado, a instancias de la fiscal general de la cámara comercial, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

Los funcionarios pidieron a la Justicia que investigue supuestas maniobras fraudulentas llevadas a cabo en los acuerdos preventivos de las empresas del Grupo Soldati. Según los denunciantes, dichas maniobras habrían consistido en el uso de mayorías ficticias y negocios paralelos para conseguir la aprobación de la propuesta de pago de las compañías. Estarían involucradas otras empresas, bancos acreedores y sociedades offshore.

La denuncia también incluye a funcionarios del Banco Nación –uno de los principales acreedores que supuestamente otorgó créditos millonarios a las compañías, constituyendo garantías en violación a un pacto sindicado de bancos y perjudicando su recupero– y a la jueza comercial Norma di Noto, titular del Juzgado Comercial Nº 15, la funcionaria que homologó en primera instancia el concurso de SCP.

Según los denunciantes, las compañías habrían realizado maniobras dirigidas a obtener la aprobación de acuerdos que no serían reales dado que las mayorías de acreedores serían ficticias, obtenidas mediante fraude en negociaciones simuladas y paralelas entre las empresas y algunos bancos acreedores a través de sociedades offshore.