Son días en los que al Gobierno se le hace complicado mantener el equilibrio: por un lado, las urgencias electorales lo impulsan a tomar medidas de las que nunca estuvo convencido. Pero por otro lado, trata de que esas mismas decisiones no lo enfrenten con los sectores que forman parte de su base de apoyo político.

Intentó ese equilibrio dificultoso con los "precios esenciales", con las retenciones a exportaciones de servicios y con la reforma al sistema de crédito UVA. Pero con la llamada "Ley de Góndolas" parece haber encontrado su límite.

De hecho, el controvertido proyecto es uno de los que puso a la coalición Cambiemos más cerca de una fisura irreconciliable.

Esta iniciativa -que busca regular la forma en que los productos deben ser ordenados y exhibidos los supermercados- tuvo como una de las principales impulsoras a la diputada Elisa Carrió. Mientras que, en la vereda de enfrente, son cada vez más evidentes las muestras de enojo y preocupación por parte de las cadenas supermercadistas, que perciben la llegada de medidas intervencionistas.

En ese conexto, el macrismo más duro se niega a aprobar una norma de este tipo, ya que considera que se trata de una intromisión excesiva del Estado en el mercado.

Uno de los rounds clave de esta pelea se dará el martes, cuando se realice una reunión plenaria de la cámara baja de las comisiones de Defensa del Consumidor, Legislación General y Comercio. La idea de los impulsores del texto es firmar el dictamen para debatirlo el miércoles 8 de mayo y que pase al Senado para su sanción definitiva antes de mediados de año.

La propuesta normativa, que ya tiene un borrador que fue adelantado por iProfesional, surgió luego de analizar las iniciativas de Carrió (CC-ARI), la massista Marcela Passo, el cristinista Juan Cabandié y el intransigente José Luis Ramón (Protectora), quien ingresó la propuesta del dirigente social Juan Grabois y el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera.

Los legisladores oficialistas esperan que desde el Poder Ejecutivo les indiquen los lineamientos a seguir. Por lo pronto, de acuerdo a las fuentes consultadas por iProfesional, irán a la reunión y firmarían al menos un dictamen de disidencia, si no pueden introducir cambios al texto consensuado por el resto del arco político.

Inclusive, hay un sector que considera que debe escucharse a los ejecutivos hipermercadistas y de las empresas fabricantes de alimentos que califican al texto como "abusivo" y "arbitrario" antes de que la propuesta llegue al recinto. El punto, como ocurre en la polémica por los denominados "precios esenciales", es hasta dónde alcanzará el poder sancionador del Estado. Y a diferencia del denominado "pacto de caballeros", en este caso, las posibilidades de castigo y su alcance, quedarían plasmadas en una norma.

Uno de los primeros empresarios en levantar la voz fue Juan Vasco Martínez, presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), quien acusó a los que impulsan la Ley de Góndolas de querer "romper las normas del libre mercado" y de fomentar la intromisión del Estado en un negocio privado". Según su visión, "ninguno de los objetivos que se pretenden cumplir con esta ley se van a obtener mediante su ejecución tal como la plantean los diputados".

Es que los empresarios de las cadenas de consumo más grandes se habrían  comprometido a "congelar" el precio de algunos productos y de incluir otros en el programa de Precios Cuidados con el objetivo de bajar el intervencionismo estatal, como sucedería si se aprueba la "ley de góndolas". No fue un acuerdo escrito, sino de palabra.

Además, destacan que -de convertirse en ley-, tendrá preocupantes consecuencias para los supermercados porque podrían derivar en despidos masivos de personal y en el cierre de varias de sus sucursales. En ese contexto, no descartan la posibilidad de "judicializar" la batalla contra el proyecto si es que finalmente tiene el visto bueno en el Congreso de la Nación el mes próximo.

También cuestionan que el proyecto consensuado deja afuera a otros importantes jugadores del mercado como los supermercados chinos, los comercios de barrio y los de proximidad que no pertenecen a alguna de las grandes cadenas.

"Nos sancionan a nosotros, que somos competidores entre sí, que solamente tenemos una porción menor del negocio y que tenemos todo en regla", agregan a iProfesional.

El proyecto es visto con buenos ojos por los empresarios que no pertenecen a las cadenas de consumo más grandes. Incluso, uno de los textos fue impulsado por organizaciones sociales ligadas a la Central de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP) de Juan Grabois y con el apoyo del titular de Maxiconsumo, Víctor Fera.

Precisamente Fera aseguró que el programa que el Gobierno acaba de implementar para bajar los precios "no es serio" y pronosticó que "será un fracaso", para luego agregar que Macri impulsó este convenio para "voltear proyectos como la ley de góndolas".

Qué estipula el proyecto

En sus considerandos, el documento asegura que el objetivo es el de "facilitar y garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores".

A grandes rasgos, ya están consensuados los siguientes aspectos, de acuerdo al proyecto al que tuvo acceso iProfesional-

- Los supermercados estarán obligados a que, para cada categoría, se cumpla con reglas específicas de exhibición de productos en góndolas y canales virtuales.

- Se prohibirá alquilar espacios o lugares preferenciales.

- Será considerada una exclusión anticompetitiva el pago de cánones o comisiones que obliguen al proveedor a optar por un solo canal de distribución.

Además, los establecimientos deberán cumplir con las siguientes reglas de exhibición de productos: 

a) No podrá superar el 20% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca.

b) Deberá garantizarse un 25% del espacio disponible para la exhibición de artículos producidos por micro y pequeñas empresas, así como un 5% adicional para bienes originados por la agricultura familiar, campesina o indígena.

c) En góndolas, los artículos de menor precio conforme la unidad de medida, deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primer y último estante. En locaciones virtuales, deberán aparecer en la primera visualización de la categoría.

d) En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deberán presentar bienes producidos por micros y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de "Mi PYMES" en una proporción del 50%.

e) En góndolas y canales de e-commerce, la exhibición de artículos importados no podrá superar el porcentaje que determine la autoridad de aplicación del espacio disponible para cada categoría. El porcentaje será determinado en función de la capacidad de la industria nacional de satisfacer la demanda.

En paralelo, con el objetivo de reducir los costos para los proveedores, se deberán cumplir con las siguientes condiciones en la relación entre los proveedores y los establecimientos de ventas minoristas:

a) El plazo máximo de pagos no podrá superar los 60 días corridos.

b) Los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.

c) En la negociación contractual, no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.

d) En la negociación de precios no podrán interponerse las condiciones o variaciones de las cotizaciones de otros proveedores.

En caso de sufrir castigos por parte de los supermercados, derivados de la aplicación de las medidas mencionadas, los proveedores podrán denunciarlos ante la autoridad de aplicación de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, quien podrá imponer sanciones, que se graduarán teniendo en cuenta la infracción, el monto involucrado y el que beneficio obtenido por los primeros gracias a esa maniobra.