La tensión en la puerta de la empresa Electrolux regresó este miércoles cuando empleados salieron a cargar a mano insumos que llegaron en camiones y de esa manera rompieron la protesta que protagonizan unos 15 despedidos, quienes piden volver a sus puestos.

El acampe de los trabajadores echados se mantiene en la puerta de la firma de Batlle y Ordóñez al 3400. Si bien la empresa y la fiscal Valeria Haurigot los denunciaron por "sabotaje y usurpación", el juez Hernán Postma aceptó la imputación pero no hizo lugar al desalojo. Señaló que el origen del problema es "un conflicto laboral" que aún no está resuelto porque hay una negociación abierta en el Ministerio de Trabajo.

En ese marco, este miércoles llegaron a la puerta de la firma camiones cargados con insumos y empleados salieron desde el interior de la fábrica a cargar a mano esa mercadería para activar la producción. Esa acción impulsada por la empresa enfrentó a los despedidos que piden retomar sus puestos con sus compañeros que temen, a su vez, perder el trabajo, según consigna Rosario3.com.

En los primeros minutos se produjo una discusión y hubo tensión entre las partes. "Acá hubo una decisión ilegal que son los despidos porque la empresa estaba en proceso preventivo de crisis y los trabajadores realizan una legítima medida, como dijo el juez y como dijo el ministro de Trabajo (Julio Genesini)", aseguró la abogado de los obreros cesanteados.

"Estamos mal, para nada bien, la empresa busca ponernos en contra de nuestros compañeros", lamentó uno de los despedidos, que no cuentan con el apoyo de la UOM, según señalaron.

En cambio, una de las empleadas dijo que al salir a cargar los insumos y romper la protesta "estamos cuidando nuestro trabajo porque acá hay 900 familias". Afirmó que como la carpa de los trabajadores en conflicto no deja ingresar a los camiones "estamos parados hace diez días y la empresa está para producir y vender, ese es el negocio".

"Nosotros tenemos que hacer esto para seguir trabajando, tememos perder nuestro trabajo, si no producimos ¿qué pasa? A ellos los apoyamos y los entendemos pero tenemos que defender nuestros puestos", expuso sobre la situación que los dejó enfrentados con sus compañeros. Otra vocero dijo que sólo había tres obreros despedidos presentes en el acampe.

Más tarde, sobre el mediodía, la tensión regresó a Batlle y Ordóñez y Ovidio Lagos cuando desde el sector de los manifestantes cruzaron un auto para impedir que la descarga continúe. "Nosotros vamos a seguir con el acampe de forma pacífica hasta el viernes (día en que habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo)", dijo uno de los despedidos.

La Justicia rechazó el desalojo de los trabajadores de Electrolux

El juez Hernán Postma rechazó la medida cautelar que había interpuesto la fiscal Valeria Haurigot para desalojar a los trabajadores despedidos de Electrolux que se encuentran acampando frente a la empresa ubicada en la ciudad de Rosario, y resolvió que el conflicto se siga dirimiendo en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde el próximo viernes hay una audiencia por ese tema.

En este contexto, los trabajadores despedidos de Electrolux hicieron su reclamo de reincorporación y el "no a la represión" con una marcha por la ciudad, que partió desde la plaza 25 de Mayo y culminó frente a la sede de la Gobernación, en la plaza San Martín, indicó el diario La Capital.

El magistrado señaló durante la audiencia -que tuvo dos cuartos intermedios- que "no era procedente" y volvió a insistir con la visión de la audiencia del viernes pasado, cuando sostuvo que "este es un conflicto laboral que lo debe resolver el Ministerio de Trabajo".

No obstante, señaló que "la imputación de la empresa tenía ciertos visos de admisibilidad pero no de procedencia", agregó el matutino.

Allí leyó parte del acta que se firmó en el Ministerio de Trabajo provincial donde estuvo presente el propio ministro Julio Genesini, quien se comprometió a seguir con este tema puesto que se trata de un conflicto "eminentemente laboral".

A partir de esto, el viernes las partes volverán a reunirse en la cartera laboral. El juez instó a eso y a que las partes puedan ponerse de acuerdo para encontrar una salida al conflicto.

El juez también se refirió a lo que significa que "la violencia termine en hechos de más violencia" y también reconoció que "el costo mayoritario de los despidos lo sufren los trabajadores", más allá de reconocer que "puede haber costos para la empresa".

También destacó que había una resolución que "tenía más que ver con lo jurídico y filosófico" que "con lo político" y citó el artículo 10 de la Ley Provincial Nº 13.018 donde dice que "el juez penal tiene como atribución aplicar la ley para lograr la paz social en estos conflictos".

"El juez resolvió que el conflicto de Electrolux es laboral, lo debe resolver el Ministerio de Trabajo y no es penal. Un triunfo para la clase obrera, porque reconoció el derecho a la protesta", destacó el diputado provincial, Carlos Del Frade, uno de los legisladores que estuvo siempre al lado de los trabajadores.

"Ahora el Ministerio de Trabajo tiene que resolver, no puede mirar para otro lado", señaló, al tiempo que lamentó la "triste ausencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)".

Por su parte, la fiscal Haurigot admitió que "los pude imputar, pero el juez consideró que era admisible formalmente el planteo, porque hay materia penal pero no es procedente porque se trata de trabajadores y es un conflicto laboral. Supeditó todo a la reunión del viernes que las partes tendrán en el Ministerio de Trabajo".

Por otra parte, la defensora de los trabajadores cesanteados Celina Tidoni -del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos- pidió el apartamiento y la nulidad de las actuaciones de Haurigot. "Como es de público conocimiento, salieron a la luz diferentes conversaciones entre la fiscal, la empresa y el abogado de ésta, donde queda expresada una connivencia y un asesoramiento por poco legal por parte de la Fiscalía sobre cómo proceder y reprimir a los trabajadores", señaló en diálogo con el matutino.

Al respecto, el juez planteó que ello lo debe resolver la Fiscalía General. Además, "pedimos la nulidad de todo lo actuado porque si una fiscal actúa de esta manera, no tiene legitimidad para intervenir", afirmó Tidoni.