En menos de tres años un mensajero pasó de repartir facturas, depositar cheques y trámites varios a ser presidente, apoderado y titular de cuentas bancarias de dos de las empresas ligadas a una de las más escandalosas megacausas judiciales en Argentina: la falsificación de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para acceder a dólar valor oficial en el gobierno de Cristina Kirchner.

"...Me iban a pagar dos mil pesos, y me dijeron que no iba a pasar nada. Nunca me explicaron qué iba a firmar y yo tampoco pregunté porque no me imaginé que esto podía pasar...".

Ante el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, Víctor Ola dio su versión de los hechos que protagonizó desdeque arrancó con la mensajería en 2011 hasta 2014, año en el que asumió, según él sin saberlo, como presidente de Waimes SA y Krefeld SA.

"Fui a firmar a una escribanía donde había más gente que también fue a firmar papeles. No fui el único que fue a firmar. Yo hablé con ellos y eran gente humilde de provincia, que tampoco sabían qué iban a firmar".

Ola quedó procesado sin prisión preventiva como supuesto miembro de una asociación ilícita, con un embargo de $500 millones.

Las dos empresas por las que firmaba giraron al exterior u$s3.118.375 (3,1 millones), comprados a un valor aproximado de 9 pesos cada dólar -cotización oficial en ese momento- con el fin supuesto de pagar importaciones inexistentes, según la acusación.

Ante el juez, el presidente de las sociedades declaró que llevaba sobres a una oficina en la calle Lavalle, al lado de una comisaría, "donde había personas de origen coreano".

El encargado, un tal Diego, le ofreció salir como garante de un alquiler a cambio de dinero. Ese fue el principio.

El mensajero firmó documentos como titular de las firmas Waimes SA y Krefeld SA. Se trataba de las DJAIs; unas 25 entre las dos empresas.

Y hasta lo llevaron a un shopping: le compraron zapatos, camisa y cinturón. Es que tenía que ir a un banco a poner su firma para las cuentas bancarias de "sus" empresas.

El 13 de abril de 2015 otro acusado, un ciudadano coreano, se presentó en el Banco Patagonia con un poder firmado por Ola y retiró $5,5 millones de la cuenta de una de las sociedades.

El mensajero estuvo prófugo y quedó preso el 23 de abril pasado en el Bajo Flores. Fue indagado y se lo procesó: tiene prohibido salir del país y debe presentarse una vez por mes en el juzgado de Meirovich en Avenida de los Inmigrantes en el barrio de Retiro.

"Su aporte a la asociación criminal está íntimamente vinculado a las conductas llevadas a cabo a través de las firmas WAIMES SA Y KREFELD SA, ya que aquél cumplía el rol de presidente, apoderado, empleado, autorizado en las cuentas bancarias y firmante de las DJAIs de aquellas firmas, a través de las cuales se transfirieron millonarias sumas de dinero al exterior", concluyó Meirovich, a quien el relato pareció no conmover demasiado.

Para el juez, "las empresas de referencia brindaban una lógica necesaria funcional a los planes de la organización criminal. En efecto, las inconsistencias reflejadas en las diferentes pruebas recabadas, llevaron a concluir que dichas sociedades eran, entre otras cosas, pasamanos para diluir –en Argentina- el origen de los fondos ilícitos y transformarlos en activos", se afirmó en el fallo.

Se trata de una investigación en la cual está ya procesado con prisión preventiva y enviado a juicio oral el financista Mariano Martínez Rojas, entre otros.

Y mucho antes de la aparición en escena del remisero Oscar Centeno en la causa por los cuadernos de la corrupción, en este caso fue también un chofer quien reveló el accionar del grupo.

En octubre de 2015 Alejandro Belizán, ex chofer de Martínez Rojas, denunció los movimientos de dinero que vio, el ir y venir de bolsos con dólares y pesos, entre octubre de 2014 y agosto de 2015, cuando renunció.