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Estatización de YPF: Argentina pidió a la justicia de Nueva York que rechace un pedido de juicio sumario

Estatización de YPF: Argentina pidió a la justicia de Nueva York que rechace un pedido de juicio sumario
Los defensores de YPF y del Estado le reclaman a la jueza Preska que rechace el pedido y argumentan que Petersen no tiene lugar para hacer ese reclamo
04.07.2019 12.01hs Legales

El Gobierno pidió a la justicia de Nueva York que rechace un pedido de juicio sumario, presentada por el fondo Burford Capital que permitiría resolver el reclamo en relación a la estatización de YPF sin que deba celebrarse el juicio en su totalidad.

El escrito de la representante legal del Estado argentino, Maura Barry Grinalds, del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ante el juzgado de Loretta Preska busca que la magistrada desestime la moción para un juicio sumario que Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio del grupo empresario, había realizado el 24 de junio pasado.

El juicio sumario es un mecanismo que permite que un juez se decida sin tener que celebrarse el juicio en su totalidad.

Los defensores de YPF y del Estado le reclaman a Preska que rechace ese pedido y argumentan que Petersen no tiene lugar para hacer ese reclamo.

La Casa Rosada también solicitó un "discovery" para que se haga pública la identidad de los litigantes privados detrás de Burford.

 "Dada la naturaleza impropia de estos acuerdos, son nulos ab initio, Petersen no está en posición de hacer una demanda", indica el escrito.

En la presentación realizada ante por Preska –la jueza que reemplazó al fallecido Thomas Griessa-, el Gobierno sostiene que "Argentina va a demostrar" que Petersen había entrado a la compañía con un procedimiento inusual, con la promesa de pagar su parte con los dividendos futuros de YPF.

 Burford Capital tomó el caso tras el proceso de quiebra de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que habían comprado el 25% de YPF a la petrolera española Repsol en dos operaciones entre 2008 y 2011.

Los Eskenazi ingresaron a la petrolera estatal con algo más de u$s2.000 millones debido a préstamos de bancos. La deuda la pagaban con el giro de dividendos hasta que el Gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF a Repsol en 2012.

A partir de entonces, la administración política -ligada al para entonces futuro ministro de Economía, Axel Kicillof- que entró a la compañía estatal prohibió el giro de dividendos.

Sin esta posibilidad, las firmas de Petersen -constituidas en España a sabiendas de que YPF era una empresa estratégica para el Estado argentino y una expropiación era posible a futuro- entraron en bancarrota y fueron a la quiebra, mientras que os bancos prestamistas ejecutaron la garantía.

El administrador del proceso subastó en el país europeo el derecho a litigar, ya que según el Artículo 7° del Estatuto de YPF si el Estado compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol.

Ese derecho quedó en manos -tras el desembolso de 15 millones de euros- de Burford Capital, un fondo habituado a buscar casos como éste alrededor del mundo.

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