López, De Sousa y De Vido buscan el beneficio de la prisión domiciliaria

Tras los resultados de las elecciones primarias y el posible cambio de gobierno, el ojo se posa en la Justicia Federal ya que se aguardan varias definiciones sobre casos con alto impacto político.

Alberto Fernández dijo la semana pasada -una vez más- que los presos están presos arbitrariamente y que los procesos deben sustanciarse en libertad. Y agregó: "Si la Justicia quiere volver a ser justicia, tal vez cambie". Esas palabras resuenan en los pasillos judiciales.

López y De Sousa

Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, están presos en el penal de Ezeiza desde finales de 2017 por una orden del juez Julián Ercolini, por el caso en el que se investiga la adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles, que entonces pertenecía al Grupo Indalo.

Hay, sin embargo, dos caminos que podrían conducir a su liberación o a una modificación en sus condiciones de detención, como, por ejemplo, una prisión domiciliaria, indicó el diario La Nación.

El Tribunal Oral N. 3 -que lleva adelante el juicio en su contra- rechazó la excarcelación de ambos, y sus abogados defensores apelaron ese rechazo ante la Cámara de Casación donde argumentan que no hay riesgo procesal de fuga ni de entorpecer la investigación.

Casación rechazó -con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa- esas excarcelaciones, pero anuló un punto de la decisión del TOF 3 y ordenó que se pronuncie nuevamente sobre las condiciones de la prisión preventiva.

Beraldi pidió una medida alternativa para De Sousa. Por ejemplo, que pueda regresar a su domicilio y se lo vigile con una tobillera electrónica.

Cuando Ercolini ordenó las detenciones, aludió a que ambos empresarios habían tenido acciones "dirigidas a obstruir la labor de la Justicia", y detalló que se intentó vender las acciones del Grupo Indalo mientras regía una inhibición de bienes.

Esos presuntos movimientos entre los empresarios e Ignacio Rosner, el dueño de la firma OP Investments, se investigan en el Juzgado Federal Nº 5, ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. En el entorno de los empresarios detenidos siguen de cerca ese expediente, que, ante un eventual sobreseimiento o procesamiento de los imputados, podría ratificar o derrumbar la hipótesis del riesgo procesal, agregó el matutino.

De Vido

También hay miradas fijas sobre una eventual resolución a favor de Julio De Vido, el exministro de Planificación kirchnerista, que está detenido en el penal de Marcos Paz y lleva casi dos años preso. Su abogado, Maximiliano Rusconi, pidió la domiciliaria por razones de salud y porque está cerca de cumplir 70 años, edad en la que la ley permite conceder ese beneficio los detenidos.

Bonadio la rechazó sin ordenar un peritaje médico. Esa decisión fue apelada y ahora debe ser resuelta en la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en los dos expedientes por los cuales Bonadio ordenó la detención de De Vido: la causa de los cuadernos y la del gas licuado.

La causa del gas licuado también tiene una definición pendiente en la cámara, agregó La Nación. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deben confirmar o revocar los procesamientos que dictó Bonadio contra Cristina Kirchner, De Vido, Roberto Baratta y demás exfuncionarios de la cartera de Planificación en ese expediente.

Ese expediente es el que mantuvo por conexidad a Bonadio al frente de la causa de los cuadernos de las coimas. Baratta y De Vido habían recibido la falta de mérito por una decisión de la cámara, al encontrar inconsistencias en el peritaje que el juez había utilizado como prueba para procesarlos y detenerlos.

De Vido, además, está detenido por la causa de Río Turbio. El juez Luis Rodríguez, a cargo de ese expediente, ordenó su detención y desafuero en 2017 por la destrucción de pruebas, y la cámara confirmó esa medida al considerar que, como titular al frente de la Comisión de Energía, De Vido tenía poder para entorpecer la investigación. La condición de De Vido cambió: desaforado y fuera de su banca, ya no preside esa comisión en el Congreso y espera una decisión judicial que lo favorezca con la prisión domiciliaria.

La semana pasada, en Comodoro Py, la Cámara Federal anuló los procesamientos que había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi en uno de los casos de corrupción de Odebrecht por las coimas para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Allí se anularon la falta de mérito que había recibido el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, y los procesamientos de De Vido, Baratta y José López, entre otros.

Pero hay otro fallo pendiente sobre el caso Odebrecht, y es el de los procesamientos que dictó el juez Sebastián Casanello a De Vido, Jorge "Corcho" Rodríguez, Aldo Roggio y Carlos Wagner, entre otros, por irregularidades en dos plantas potabilizadoras de AySA.

En tanto, la Cámara Federal avaló la investigación del juez Ariel Lijo por la causa del Correo Argentino, al rechazar planteos de nulidades de las defensas de Oscar Aguad y de los directivos de la firma, y el juez Bonadio pidió informes sobre las licitaciones para la construcción del Paseo del Bajo.