La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Gobierno para que se realizara una aclaratoria referida al fallo del máximo tribunal que hizo lugar al pedido de 15 gobernadores para frenar el efecto de decretos del presidente Mauricio Macri que afectaban los fondos coparticipables.

En una breve resolución, los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti señalaron: "Por ser suficientemente clara la resolución, corresponde rechazar el pedido de aclaratoria formulado". Y agregaron: "Por ello, se desestima lo solicitado", según Infobae.

La jueza Elena Highton de Nolasco no suscribió la decisión mientras que Rosenkrantz también rechazó la aclaratoria, si bien en la resolución de origen rechazaba la cautelar contra los decretos de Macri.

Con esta respuesta se pone fin a las pretensiones del Gobierno para que se volviera a abrir la discusión en la Corte Suprema respecto al freno a los decretos de Macri.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en forma provisoria, que la reducción de los impuestos al valor agregado (IVA) y a las Ganancias dispuestas recientemente por el gobierno "no puede afectar los fondos de coparticipación" que corresponden a las provincias.

La reducción de esos tributos fue anunciada por el gobierno nacional días después de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) el 11 de agosto, lo que provocó que 15 provincias se presentaran a reclamar por sus derechos ante el máximo tribunal del país.

La medida cautelar, firmada por tres votos contra uno (el presidente Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia y la vice Elena Highton no lo hizo) dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de las resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4546/19 y 4547/19, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional.

Frente a eso, el oficialismo llevó adelante una presentación firmada por Jorge Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, y de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, en representación del Estado Nacional, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías; y del abogado Carlos Gustavo Pistarini. Solicitaban una aclaración al fallo (que no es apelable) y una audiencia publica.