A pocos días de las elecciones generales, el diputado oficialista Daniel Lipovetzky convocó a una reunión de la comisión de Legislación general, que preside, para tratar el proyecto de "ley de alquileres". Pero, a pesar de que el propio presidente Mauricio Macri avaló el tratamiento del texto, fracasó porque los integrantes de la comisión del PRO no concurrieron.

De esta manera, al no llegar al número mínimo de 10 legisladores fue imposible que comience el encuentro y las grietas en el oficialismo quedaron en evidencia. Es que sí concurrieron los integrantes del radicalismo, dispuestos a apoyar el proyecto de Lipovetzky.

En los últimos días, inquilinos y cámaras inmobiliarias habían logrado ponerse de acuerdo en varios puntos y la idea de ambos era plasmar sus posturas en esta reunión, pero no pudieron hacerlo.

Por el kirchnerismo concurrieron Guillermo Carmona, Vanesa Siley, Felipe Solá, Adrián Grana y Martín Doñate. Agustín Rossi, jefe de la bancada, quien no integra la comisión, se acercó a escuchar.

A fines de septiembre, el Poder Ejecutivo anunció que tenía planificado enviar otra iniciativa, en el marco de las propuestas de campaña del presidente Mauricio Macri. Pero, por ahora, eso no ocurrió.

Lipovetzky -que en diciembre termina su mandato y fue marginado de la lista del oficialismo- buscó impulsar el tema sin el apoyo de gran parte de su partido. Las chances de que el proyecto avance en los próximos meses es escasa, ya que al cierre de la campaña del próximo 27 de octubre se suma la resistencia de legisladores del PRO que consideran que el tema de los alquileres debe ser regulado por el mercado y que la ley vigente no necesita ningún tipo de modificación.

Además, hay otros proyectos presentados por los diputados Felipe Solá (Red por Argentina) y Agustín Rossi (Frente para la Victoria-PJ). Los tres coinciden en la necesidad de bajar los costos de los inquilinos para acceder a la vivienda y en una actualización de los valores de los alquileres en base a un índice entre inflación y evolución de los salarios.

"Son tres proyectos, bastante parecidos. Llegamos a un consenso con la Cámara Inmobiliaria en estos días y esperábamos que hubiera dictamen para que pudiera pasar a la Cámara de Diputados para que se vote luego del 27 de octubre", dijo Gervasio Múñoz, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados. Lo que finalmente no sucedió. "Los diputados de Cambiemos no bajaron a dar quorum", destacó.

Las iniciativas, que buscan bajar los costos en que incurren los inquilinos, prevén que:

- El contrato de locación para vivienda sea de 3 años.

- La actualización del canon se realice mediante un índice que tome en cuenta la inflación y el salario.

- Los vínculos queden registrados ante la AFIP

- Expensas extraordinarias e impuestos inmobiliarios a cargo del propietario.

- Los propietarios o inmobiliarias no podrán pedir a los inquilinos más de un mes de adelanto y un mes de depósito, ni valor de llaves o pagarés.

Otros puntos, como las garantías a presentar por los inquilinos, quien pagará los honorarios de las inmobiliarias, entre otros puntos, iban a comenzar a ser debatidos este martes, pero por la ausencia de gran parte de los diputados del oficialismo, ello terminó siendo imposible.

En cuanto a las garantías, los proyectos proponen ampliarlas y que se incluyan además de la garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y garantía de fianza. Las inmobiliarias, por pedido de los propietarios, creen que el sistema actual es la indicada, pero están dispuestos a analizar otras alternativas.

Si bien hubo un proyecto de la oposición que tuvo media sanción en el Senado en 2016, el texto no avanzó por presiones del sector inmobiliario, bajo el argumento de que se iba a retraer el mercado y que los propietarios iban a preferir poner los inmuebles a la venta porque ponía en cabeza de estos el pago de las comisiones.

La iniciativa en la Cámara alta había sido aprobada y Diputados aprobó un dictamen completamente distinto. De todas formas, ese dictamen cayó ya que no fue tratado en el recinto antes del cambio de composición del Congreso a fines de 2017.

Ante los pedidos de diversas agrupaciones que agrupan a los inquilinos, el Gobierno aceptó realizar modificaciones al texto, pero luego lo "freezó".

De acuerdo a la agrupación Inquilinos Agrupados, para alquilar un departamento de tres ambientes y cubrir la Canasta Básica Total, una familia porteña compuesta por una pareja con dos niños, necesita contar con ingresos mensuales de $ 53.197. Además, ese número se va incrementando con la inflación.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina sostienen que se debe convocar a todos los sectores involucrados, desde cámara de inquilinos, inmobiliarios, abogados, arquitectos e ingenieros, para "poder lograr una ley integral que considere los puntos principales a mejorar".