Luego de la media sanción de la denominada "ley de góndolas" en la cámara de diputados, referentes del sector de los supermercadistas buscan dialogar con los distintos miembros que integrarán el Senado a partir del próximo 10 de diciembre para tratar de frenar el proyecto.

Consideran que es contraproducente para la actividad y que, como sostienen algunos economistas, no logrará frenar la inflación sino que puede llegar a incrementarla por las distintas variables del mercado.

El objetivo, según el texto, es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en las estanterías de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.

Tras el anuncio de los senadores del Frente de Todos sobre que actuará como un solo bloque de 37 legisladores que incluya tanto a los que responden a los gobernadores como a Cristina Kirchner, todo parece indicar que, finalmente, logrará ser aprobada.

En el escenario actual, asesores de senadores confirmaron a iProfesional que la norma será aprobada durante las sesiones extraordinarias, ya que es uno de los puntales del plan económico y social que el futuro presidente, Alberto Fernández, imagina para su gobierno.

Hay que tener en cuenta, también, que se trata de una propuesta que diseñó el actual diputado y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En ese caso, los supermercadistas ya confirmaron que se presentarán en los tribunales para buscar que se declare su inconstitucionalidad porque entienden que se viola la libertad de comercio y, además, se trata de una intromisión del Estado en decisiones concernientes al ámbito privado.

Además, señalan que, según reconocidos economistas,  se tratará de una norma de difícil implementación y posterior cumplimiento, por diversos factores, entre los que destacan la complejidad del sector, la imposibilidad del control permanente por parte de las autoridades administrativas (inspectores) así como el camino que deberá recorrer hasta llegar a la sanción y su cumplimiento efectivo.

Por otro lado, advierten por la posible pérdida de puestos de trabajo, pérdida de rentabilidad y eficiencias y estiman que se pondrán en riesgo entre 5000 y 7000 puestos de trabajo ya que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.

Fausto Spotorno, de la consultora Ferreres & Asociados, explicó vía Twitter los posibles daños que puede generar esta norma.

"Todo este esquema es complejo, está el productor en un lado, transportistas, servicios logísticos, supermercados, almacenes, en el medio, y el consumidor en el otro. Cuando el Estado se mete en el medio de estás relaciones comerciales sin saber no facilita nada. Una regulación es un costo. Un costo más alto reduce el valor agregado. Al aumentar los costos de intermediación, de alguna manera, este se terminará distribuyendo ente los intermediarios, los consumidores y los productores. Por eso la ley de Góndolas es tan nociva", aseguró el economista.

Es decir, se pone en riesgo a toda la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado. Teniendo remarcan que cuatro de los 10 mayores empleadores privados de la Argentina son cadenas de comercialización que serán afectados por la norma en cuestión.

Luego, los tribunales

Las ideas "fuerza" que adoptaron desde el Frente de Todos para apoyar la sanción de la ley se basa en sostener que en el país existen dos grandes empresas alimenticias que monopolizan el 70% de las góndolas, aunque la realidad diga otra cosa si se tiene en cuenta los nombres de los peso pesados nacionales y extranjeros que compiten en el sector como Molinos Río de la Plata; Arcor; Mondelez; Coca-Cola; Pepsico; Unilever; y Procter, entre otras.

Y que, por ese motivo, es necesario limitar la exhibición de sus productos a no más del 30% de una góndola y permitir que las pymes puedan disponer de un 25% a 30% de esos espacios, junto con la agricultura familiar, campesina o indígena con otro con otro 5%.

En ese contexto, el argumento legal de las empresas se basa en la capacidad efectiva que tiene el Estado para regular lugares en góndola, que hace a la actividad privada y no a un uso público. También se hace referencia a una competencia deselal ya que sería aplicable nada más que para las cadenas.

Es decir, para una parte del negocio total de retail, mientras que para el resto no habría una regulación similar, evitando así costos agregados que generaría esta nueva norma para los grandes supermercados.

De esta manera, las cadenas como Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima, entre otros, serán las más afectadas por la Ley de Góndolas porque deberán hasta cambiar sus políticas comerciales y adaptarlas a la nueva realidad.

Hasta ahora, los equipos técnicos de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) vienen trabajando en la elaboración de informes que detallan los problemas que para el sector traería la norma.

Así, destacan que no tendrán otra opción que despedir personal abocado a las tareas de reposición y cerrar sucursales.

Esta amenaza está vinculada precisamente a los límites que se le impondrían a los productos elaborados por una misma empresa que ya no necesitaría de tantos repositores para abastecer sus lugares en las góndolas.

Es que la norma estipula una gran cantidad de limitaciones y regulaciones que hasta los obligará no sólo a modificar la cantidad de artículos de una misma compañía en una góndola sino también la altura en la cual esos productos deberán ser exhibidos y a cambiar las formas y plazos de pago a sus proveedores.

También existen dudas sobre la capacidad de las pymes y de las empresas de origen social o campesino para incrementar su producción y abastecer a los súper, así como el cumplimiento de todas las normas fiscales y sanitarias para convertirse en proveedores de una gran cadena.