Pocos días antes de asumir, el presidente Alberto Fernández manifestó su preocupación por la "crítica" situación que vive la Justicia argentina y habló de la necesidad una "revisión seria para que funcione correctamente".

Ahora, durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa indicó que "cuando la política ingresa a los Tribunales, la justicia escapa por la ventana" y agregó que "sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten".

Y señaló que quiere "una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme".

Por ese motivo, en los próximos días enviará al Congreso un conjunto de leyes para una integral reforma del sistema federal de justicia. Quien será la encargada de diseñar y explicar esa ley ante los legisladores será la flamante ministra de Justicia, Marcela Losardo, ex socia del actual mandatario, cuando ejercía como abogado.

Para el mandatario, no se trata de un problema de jueces porque "son muchos más los dignos, honestos y trabajadores que los que no lo son". De hecho, es un tema que tanto Fernández como su futura funcionaria analizan y estudian hace muchos años.

En concreto, se trataría de federalizar los juzgados ordinarios penales para lograr una mayor celeridad a la hora de implementar el sistema acusatorio (que establece el Código Procesal Penal Federal) en todo el país.

En la práctica, las denuncias pasarán a ser sorteadas entre más de sesenta juzgados en lugar de 12 federales, y entre casi veinte camaristas en la etapa de revisión, en lugar de seis.

La flamante ministra de Justicia es una abogada de 61 años. Mantiene diálogos contantes con jueces federales y de la Corte Suprema. Formó parte de la cátedra universitaria de la integrante del máximo tribunal Elena Highton y aún mantienen un fluido vínculo.

Por otro lado, Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre 2003 y 2015, estará al frente de la Procuración General del Tesoro, cuerpo de abogados que defiende los intereses del Estado.

"Tuve que buscar a un abogado que conozca mucho de derecho administrativo, que tuviera mucha capacidad para hacer frente a lo que se viene porque se vienen tiempos de cambios en la Argentina, y pensé en alguien que por 12 años fue Secretario de Legal Técnica", dijo el flamante presidente sobre Zannini.

Otros cargos de relevancia

La tarea de Fernández no se acaba con nombrar a Losardo. Debe ocuparse también de llenar la vacante del Procurador General de La Nación, que no se ocupa desde finales del 2015, cuando Alejandra Gils Carbó se vio obligada a renunciar por presiones del gobierno, que le cuestionaba sus vínculos con el kirchnerismo.

El Procurador es el jefe de todos los fiscales federales y decide sus políticas judiciales. En ese sentido, Fernández puede estar tranquilo ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner logró armar un bloque oficialista en el Senado que le garantizaría los votos para no depender de la oposición. Su candidato sería el actual juez federal Daniel Rafecas.

En este sentido, el nuevo oficialismo comandará las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la de Acuerdos (que trata la designación de jueces, fiscales, diplomáticos y ascensos militares) y la de Asuntos Constitucionales de la cámara alta. Así el camino para efectivizar al nuevo jefe de los fiscales sería mucho más rápido.

La Comisión de Acuerdos estaría a cargo de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la de Asuntos Constitucionales sería presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun, dos de las senadoras que mayor confianza le generan a Cristina Kirchner.

En manos de referentes del kirchnerismo quedaron dos de los organismos que más reclamos judiciales reciben.

Por un lado, Alejandro Vanoli, uno de los economistas más cercanos a la exmandataria y actual vicepresidenta, ocupará el cargo de titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Muchos lo recuerdan porque, cuando ocupó el cargo de presidente del Banco Central concertó contratos de dólar futuro por u$s18.000 millones para mantener el precio del dólar en tiempo de reservas insuficientes.

Será el encargado de administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también de delinear la estrategia por los juicios previsionales contra el organismo, como por ejemplo, por actualización de haberes. Hay miles de juicios con sentencia favorable para los reclamantes que aguardan ser pagados y otros miles con espera a ser resueltos.

En tanto, la dirigente de La Cámpora y hasta el 9 de diciembre diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Luana Volnovich, fue designada para dirigir el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Fernández la elogió por ser "parte de la nueva generación que asomó en los últimos años" y aclaró que su primera tarea será la de llevar adelante un "plan remedios para todos los abuelos", para que los jubilados no tengan que pagar por los medicamentos.

El PAMI tiene miles de juicios en espera por falta de prestaciones que no se circunscriben solo a medicamientos, por lo que habrá que aguardar la estrategia que tomará.

La obra social tiene casi 5 millones de afiliados y gestiona prestaciones como asignaciones familiares, subsidios por desempleo y AUH, con 18 millones de beneficiarios.