A los pocos días de asumir, el presidente Alberto Fernández ya convocó al Congreso para que realice sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre.

En el decreto llamó al Poder Legislativo a tratar tres temas, a saber: el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica; la autorización al presidente para salir del país, y la entrada y salida de tropas.

El primer proyecto es una ley ómnibus en la que se incluyen las tres emergencias que quiere habilitar el Gobierno -social, alimentaria y sanitaria-.

De acuerdo al texto que se presentará en estos días, la ley de emergencia en materia económica, social, sanitaria y cambiaria, se declara de acuerdo a los dispuesto en el artículo 76 de la Constitucional Nacional delegando en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en dicha ley hasta la prórroga del presupuesto de 2019 confeccionado por el gobierno de Mauricio Macri hasta abril del 2020.

Si bien parece ser un simple permiso para que el presidente regule o destine partidas presupuestarias discrecionalmente hacia distintos objetivos, en los hechos, se trata de una especie de "superpoderes" porque –sumada la falta de sanción del Presupuesto 2020- podrá decidir a dónde destinar dinero sin necesidad de pedir autorización.

Con la aprobación del Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Presidente podría, argumentando razones de emergencia pública, fijar la relación de cambio entre el peso y la divisa extranjera, dictar regulaciones cambiarias, redistribuir partidas presupuestarias, aprobación de un programa de asistencia alimentaria, la creación de un consejo económico y social y principalmente, delegaciones en materia de impuestos, entre otras.

Se trata de los tres principales aspectos que representan el 90% de la economía argentina.

De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá llevar adelante su plan para resolver sobre temas urgentes utilizando la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), teniendo este, la obligación de dar cuentas del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia, por medio del jefe de gabinete de Ministros.

Esta emergencia económica también otorgara facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias y modificar alícuotas de impuestos para que "los que más tienen hagan el sacrificio de ayudar a las clases más golpeadas por la crisis".

La emergencia económica fue sancionada en enero de 2002 por pedido de Eduardo Duhalde, tras la crisis de diciembre y la caída de Fernando De la Rúa, y se utilizó hasta 2017, cuando la gestión de Mauricio Macri decidió no prorrogarla.

La Ley 25.561 estableció el fin de la convertibilidad, al declarar "la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria", delegando amplias facultades al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2003.

Algunas de las facultades delegadas al PEN fueron fijar la relación del tipo de cambio; regular los precios de la canasta básica; fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos; fijar tarifas de los servicios públicos y renegociar los contratos con empresas privadas.

Desde 2004 se fue prorrogando por un año hasta 2009, cuando se empezó a prorrogar por dos años, hasta que en el 2017 se dejó de prorrogar.

Según el artículo 76 de la Constitución Nacional, que regula este tema, "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

El tratamiento legislativo

Para terminar de delinear el proyecto, Fernández recibió en la Casa Rosada al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y al jefe del bloque oficialista de Diputados, Máximo Kirchner, quienes se habían reunido con el radical Mario Negri para trazar un cronograma del tratamiento de los proyectos.

Este lunes habrá una convocatoria a jefes de bloque, tanto de Senado como de Diputados, de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas, para empezar a estudiar las iniciativas.

De todas maneras, a pesar del apuro oficialista, hay que tener en cuenta que deben armarse las comisiones que se verán involucradas para el debate. Serían en principio Presupuesto y Legislación General, aunque podría sumarse Salud para la emergencia sanitaria.

Si hay dictamen favorable, el recinto de la Cámara de Diputados debatiría en pleno el miércoles o el jueves. Varios legisladores de la oposición manifestaron que acompañarán el tratamiento.

Esto dio lugar a la duda si hay posibilidades de una división en Juntos por el Cambio porque varios integrantes del Pro y en la UCR acompañarían el texto luego de analizar la "letra chica", la Coalición Cívica ya anunció que no la votará favorablemente, en línea con una posición de Elisa Carrió, quen históricamente cuestionó las "facultades delegadas".

"No hemos votado poderes especiales para ningún gobierno en el pasado, ni lo haremos tampoco ahora. La CC-ARI tiene una posición histórica sobre este tema y no la va a modificar", sostuvieron los legisladores a través de un comunicado.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que "el Frente de Todos va a tener un disgusto si pretende imponer leyes y no tratan con aquellos que somos los bloques minoritarios".

El mendocino confirmó que desde su espacio aportarán al quórum y al debate de la iniciativa, pero resaltó que "nada va a ser automático".

Ramón recordó que desde su monobloque se puso "el grito en el cielo" y, por eso, anticipó que "las provincias tenemos que tener participación para que la redistribución del dinero sea equitativa desde el punto de vista federal. Y ese es un concepto que nosotros vamos a discutir a fuego en cada proyecto".