La jueza de Nueva York Loretta Preska desestimó una demanda que el fondo Aurelius presentó contra la Argentina, en enero del año pasado, por presuntas maniobras del país para evitar el pago del cupón atado al producto bruto interno (PBI). Sin embargo, le dio una oportunidad al fondo de presentar antes del 7 de febrero una demanda ampliada con nuevos argumentos.

"Mi interpretación es que Preska concuerda con Aurelius en que la Argentina fue muy pícara en el manejo del Indec, pero pone énfasis en que esto no es parte de esta causa", analizó el economista Sebastián Maril, director de la consultora Fin Guru, que sigue de cerca los juicios en el exterior contra el país.

"La jueza le dice al fondo que la demanda que presentaron no debe referirse a la fórmula por la cual se calcula el PBI de laArgentina. En ese tema, el país tiene razón. Pero les dice que si quieren hablar de otra cosa, que lo digan en otra demanda. Preska podría haber dicho que acá se terminaba todo y que Aurelius después apele el fallo, pero le permite que presente más argumentos porque entiende que hay algo raro", agrega, en referencia a una posible manipulación del Indec.

Este juicio le podría haber significado a la Argentina un costo de u$s3.000 millones, según estiman en la defensa, porque ese primer paso podría abrirles la puerta a otras demandas.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero se les paga a los bonistas cuando la economía argentina crece más del 3,22% anual.

El fondo Aurelius presentó una demanda contra el país por u$s83,7 millones en los tribunales de Nueva York por el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI).

La demanda hace referencia a 2014, cuando el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, era ministro de Economía y anunció que el crecimiento del año anterior había sido del 3%, aunque los analistas esperaban una expansión de más de 4%.

Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para informar el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el ente estadístico dejó de publicar la serie original con base en 1993.

El problema es que ambas series se superponen entre 2004 y 2013. Con lo cual el Ministerio de Finanzas debe definir el año de empalme entre las dos. La decisión está pendiente desde 2014, pero no habría margen para seguir demorándola si se disparan las cláusulas de pago del cupón.

Según las condiciones de emisión, la Argentina debe pagar a los tenedores del cupón PBI cuando en el año la economía crece más de 3%, y el crecimiento acumulado es superior a un escenario base definido en el prospecto. También siempre y cuando no superen el tope establecido de 48 centavos por cada 100 cupones.

Y lo que parece un tecnicismo financiero representa miles de millones de dólares para el Estado argentino. Dado que, como desde 2007 el Indec de Guillermo Moreno infló el crecimiento de la economía, cuanto más cerca es de 2004 el año de empalme, menos debería al final del día pagarles el Estado argentino a los tenedores de cupones PBI.