Las entidades que representan a las grandes cadenas del sector alimenticio y de supermercados se preparan para dar la batalla judicial contra la denominada "Ley de Góndolas". Consideran que la norma, cuya publicación en el Boletín Oficial es inminente, es contraproducente para la actividad y que no logrará frenar la inflación sino que, por el contrario, puede llegar a incrementarla.

Los escritos ya están listos. Solo aguardan que se oficialice la norma. El objetivo principal será que se declare la inconstitucionalidad de toda la ley o, al menos, sus puntos centrales.

Desde el lado del Gobierno, saben que una vez oficializada, tienen 90 días para implementarla y reglamentarla. El fin buscado es controlar la suba de precios de los alimentos, que viene superando en lo que va de este año a la inflación general.

La inflación del mes pasado habría cerrado por debajo del 2 por ciento, pero el índice que mide los precios de los alimentos estaría alrededor del 3 por ciento.

Cabe recordar que en enero la inflación había ascendido al 2,3%, pero los alimentos registraron un alza del 4,7 por ciento. Es decir, la comida viene mostrando un ritmo de encarecimiento muy superior al promedio de los precios, y eso motivó el enojo del presidente Alberto Fernández, que insinuó la aplicación de medidas de control más estrictas.

En ese marco, la Ley de Góndolas había sido señalada por el Gobierno como una herramienta tendiente a fomentar la competencia y, por consiguiente, a morigerar las subas. Sin embargo, los empresarios no quieren que se implemente la ley y argumentan que, lejos de frenar la inflación, se podrían agregar problemas adicionales.

Las charlas entre las partes involucradas continúan permanentemente, pero lo cierto es que la nueva norma está aprobada y las empresas creen que llegó el momento de continuar el debate en sede judicial.

Argumentos

Los asesores de los supermercadistas explican que la ley "viola la libertad de comercio" ya que "se trata de una intromisión del Estado en decisiones concernientes al ámbito privado". Y agregan los siguientes argumentos:

- El negocio no está concentrado y no sufre de falta de competencia ni de una importante variedad de productos como para que haya en necesidad de regularlo.

Señalan que hay alrededor 10.000 empresas en directa competencia y de 20.000 ítems entre alimentos y bebidas, por lo que se ofrece a los consumidores variedad y competencia entre empresas nacionales y grandes grupos internacionales.

En términos económicos, sostienen que el problema de la inflación no se resuelve con nuevas regulaciones que limiten la competencia en un sector que actualmente tiene 270.000 puntos de venta, de los cuales solo 80.000 son aportados por los supermercados y sus sucursales.

- Se trata de una norma de difícil implementación y posterior cumplimiento por la complejidad del sector.

- Habrá competencia desleal, ya que la Ley de Góndolas sería aplicable nada más que para las cadenas.

- Agregan también que, desde el punto de vista estatal, hay una imposibilidad de control permanente por parte de las autoridades administrativas (inspectores) y que el camino que deberá recorrer la ley hasta llegar a la sanción y su cumplimiento efectivo es muy largo, lo que le hará perder su eficacia.

- Por otro lado, remarcan que se pondrán en riesgo al menos 5.000 puestos de trabajo, ya que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.

- Además, consideran que es una norma discriminatoria porque solo se regula a una parte del negocio total de retail.

Las cadenas Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima, entre otros, serán las más afectados por la Ley, porque deberán hasta cambiar sus políticas comerciales y adaptarlas a la nueva realidad.

Es que la norma estipula una gran cantidad de limitaciones y regulaciones que hasta los obligará no sólo a modificar la cantidad de artículos de una misma compañía en una góndola, sino también la altura en la cual esos productos deberán ser exhibidos y a cambiar las formas y plazos de pago a sus proveedores.

Asesores de empresas consultadas por este medio valorizaron el discurso que el senador rionegrino Alberto Weretilnek dio en el recinto al momento de debatir la ley. Si bien dicho legislador apoyó la sanción de la norma, enfatizó sobre las dificultades que tendrá en su implementación.

Weretilnek dio ejemplos numéricos relacionados con la futura problemática. "Esta semana fui a un supermercado de Viedma, alcanzado por esta ley. Hice algunos ejercicios. Me fui al sector de los fideos, producto de consumo mayoritario. El sector de los fideos tenía 7,5 metros de largo. ¿Entonces qué hice? Destiné el 70% a las empresas que no son ni Pymes, ni microPymes regionales ni de agricultura familiar. Me quedaron 5,25 metros destinados al resto, a las grandes empresas que con la ley decimos que vamos a combatir. Cada empresa podría poner solamente seis productos", explicó.

De esta manera, el exgobernador rionegrino consideró que "es absolutamente impracticable, porque exigiría un sistema de reposición de los productos cada una o dos horas. Es imposible cumplir con lo que dice este proyecto, en cuanto a que el 70% de la góndola tiene que estar destinado a 5 empresas distintas".

Los economistas Guido Lorenzo, de la consultora LCG, y Aldo Abram, coincidieron también es que será muy difícil de controlar.

"La iniciativa está bien en los papeles, pero es imposible de controlar. Ojalá contribuya a ampliar la oferta y variedad de productos, principalmente en lo que refiere al espacio de góndola que no supera el 30% la misma variedad. Respecto a los 5 proveedores, difícilmente para algunos productos se encuentren esa cantidad", aseveró Lorenzo.

Voces a favor de la norma

De todas maneras, no todo el sector de los supermercados está en contra.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno, afirmó que la Ley permitirá a las Pymes "entrar al mercado para poder competir con las grandes marcas".

En ese marco, dijo que "es importante el control popular, que los productos estén en las góndolas, que el bolsillo de la gente pueda tener un alivio en la compra de alimentos".

En tanto, Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), considera que la norma "es una apertura para las Pymes en las góndolas de los grandes supermercados".

"Además, será muy importante la instrumentación que se le dé a la ley a partir de la reglamentación que debe realizar el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la intervención del Ministerio de Desarrollo Productivo, y dependencias como Defensa de la Competencia o bien la Secretaría de Comercio Interior", remarcó.

Puntos centrales de la ley

La norma indica que ninguna marca individual -o marcas de una misma empresa o grupo económico- podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% a partir del segundo año.

Establece, además, un mínimo de cinco proveedores por producto. Aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listado de productos incluidos que se elaboraría en caso de que el proyecto se transforme en ley.

Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. Se establece también la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales.

Los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad, sino colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola.