El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como "El Madoff argentino", y otros 16 imputados vinculados a la empresa Hope Funds SA, entre ellos algunos familiares suyos, serán sometidos a juicio desde el 18 de febrero próximo como acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país, que tiene a más de 300 ahorristas damnificados, de quienes se apoderaron unos $184 millones.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la fecha del inicio del debate fue fijada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel, que este año ya rechazó tres pedidos del empresario detenido para llegar al proceso en libertad.

Los magistrados consideraron que existe el peligro de que en libertad, el acusado realice maniobras para eludir embargos vinculados a bienes que el acusado posee en el exterior como, por ejemplo, en Panamá, Marruecos, Indonesia y Estados Unidos.

El empresario está detenido desde 2018 y pidió tres veces su libertad

Mientras que la defensa argumentó que Blaskley lleva más dos años y medio detenido, que esta situación provoca perjuicios a sus seis hijos y que, desde el inicio del aislamiento por el Covid-19 en la cárcel, cuenta con un teléfono celular para comunicarse con su familia vía Skype.

El pedido de juicio

Blaksley (55) y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); quienes contaron con la colaboración de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.

En su fallo, la jueza consideró al empresario, actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza, coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.

A esto le sumaron cuatro hechos de lavado de activos de origen delictivo en concurso con ideal con asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe, y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

El procesamiento también alcanzó al cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué (48); el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino (39); y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega (45).

También quedaron en la misma situación Francisco (36), María Rita (46) y Juan Pablo Blaksley (33), hermanos de Enrique, a quienes la jueza les atribuyó los mismos delitos, excepto el haberse desprendido de sus bienes, y los consideró miembros de la asociación ilícita.

Los otros acusados son Daniela Sarsa (41), Damián Gómez (42), Olga Masdeu (64), Felipe Badino (36), María D´Angelo (51), Rafael De la Torre Urizar (66), Alexis Dietl (41), Esteban Casco (51), Guillermo Müller (43) y Pablo Willa (55).

Según dio por acreditado Servini en la causa, "Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional".

La jueza María Servini determinó que Blaskey montó una estructura destinada a la defraudación

"Esa organización se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud al dinero mal habido", sostuvo la jueza, y remarcó que "se creó una estructura por intermedio de la cual defraudó a un sinnúmero de personas por montos de dinero multimillonarios".

Para la magistrada, Blaksley "con las sumas dinerarias confiadas, amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son solo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno".

La operatoria

En un principio, el titular de Hope Funds cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban a la empresa, sin saber lo que en verdad ocurría en ella y les acercaban nuevos interesados.

Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según adonde se dirigía la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debiera haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía.

De esta manera, los recursos obtenidos se desviaron hacia otras vías, tales como negocios personales de los miembros del grupo Hope Funds, tanto dentro del ámbito nacional como del internacional.

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, fue integrada por los ahora procesados, los cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

"Debemos destacar que la defraudación que aquí se investiga significó un perjuicio patrimonial de millones de pesos y dólares, que fueron sustraídos a cientos de víctimas y que deben serles restituidos con la mayor premura", remarcó la fiscalía en su requisitoria e hizo hincapié que Hope Funds, la "empresa utilizada para llevar adelante la maniobra ilícita" fue declarada en quiebra por la justicia en junio de 2018.