El marco regulatorio para la estatal AySA serí­a tratado en febrero

Cuando el Congreso retorne a su tarea legislativa, se encontrará con varios temas pendientes de resolución. Entre ellos, uno de los más trascedentes para los legisladores es el marco normativo para la empresa estatal AySA.

La ley recibió media sanción de parte de la Cámara de Senadores el 13 de diciembre del año pasado, pero no puedo ser aprobada por la cámara baja. Si bien en Diputados estaba todo listo para convertir el proyecto en ley en la última sesión de 2006, un mal cálculo del oficialismo hizo que la sesión fracasese por falta de quórum.

Sucede que la mayorí­a sobreestimó la cantidad de legisladores propios presentes, lo que generó que un retiro masivo de la oposición dejase a la sesión sin quórum para funcionar, situación que no pudo ser salvada por el oficialismo.

El proyecto crea un nuevo ente de control y habilita la posibilidad de nuevos fondos fiduciarios para financiar obras. Además, prevé disolver el entre tripartito Etoss y caracteriza a la provisión de agua potable como un "servicio público".

El proyecto serí­a tratado en las sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo seguramente convocará para febrero.

Otros proyectos
En tanto, otra iniciativa que quedó pendiente en 2006 fue la que busca establecer el juicio por jurados para ciertos delitos penales graves.

Si bien este sistema de justicia penal está contemplado en la constitución de 1853, nunca fue implementado y algunos constitucionalistas consideraron que la norma habí­a sido derogada tácitamente por falta de uso. Pero el proyecto revivió de la mano del impulso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

La inciativa prevé que el juicio por jurados se aplicará a los delitos que tengan una pena de un máximo de ocho años de prisión o reclusión. Y el imputado podrá renunciar a esta clase de procedimiento.

Según el proyecto, el jurado estará integrado por doce miembros que serán elegidos de un registro de ciudadanos que cumplan ciertos requisitos, como tener entre 21 y 70 años de edad, tener completo el cí­clo de educación básica obligatoria y tener una residencia de cinco años en el territorio de la jurisdicción. Además, el veredicto de culpabiliadad requerirá de nueve votos, mientras que el de inocencia, siete.

Otro proyecto que estuvo cerca de sancionarse es el que crea de un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga. Este consiguió un dictamen favorable en comisión, pero no llegó a ser incluí­da en el temario de las últimas sesiones del año de la Cámara de Diputados.

La iniciativa asegura a los usuarios la continuidad de la cobertura ante el cierre de la empresa, elimina el perí­odo de carencia, prohí­be el aumento de cuotas en el caso de personas de más de 65 años con 10 de antigí¼edad y establece que la edad o la preexistencia de una enfermedad no puede ser un limitante.

Finalmente, otro proyecto que será tratado el próximo año es el que prevé normalizar el PAMI. Fue avalado con modificaciones en las reuniones de comisión.

La propuesta establece que el Directorio, encargado de administrar el PAMI, estará integrado por 8 miembros: 4 en representación del Estado, 2 por los jubilados y 2 por los trabajadores activos, uno por la CGT y otro por la CTA, que hasta ahora no tení­a representación en la conducción de la obra social.

Ramiro ílvarez Ugarte
ralvarez@infobae.com