Una nueva propuesta legislativa ha captado la atención pública recientemente, enfocándose en la eliminación de los Registros de la Propiedad Automotor (RPA), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de autopartes. ¿Cómo afectaría esto al ámbito del derecho comercial y del consumidor?

En el marco de las últimas iniciativas normativas, destaca el proyecto que busca suprimir los registros antes mencionados, generando un impacto significativo en la dinámica del mercado automotor. La esencia de la propuesta radica en la reducción de costos asociados a la compra de automóviles, con beneficios palpables en la desburocratización del proceso, la agilidad en las transacciones y la reducción de gastos para los consumidores.

La propuesta contempla la sustitución de los registros zonales por uno único, digital y de acceso libre. Este nuevo sistema vincularía la propiedad del vehículo al documento nacional de identidad (DNI) o al número de identificación tributaria (CUIT) del comprador, en contraposición al actual enfoque centrado en el vehículo en sí. Este cambio reduciría los costos de trámite del 6% al 1.5% del valor del vehículo, claramente favoreciendo la actividad mercantil. Además, las infracciones y procesos legales recaerían en la persona física o jurídica y no sobre el bien en sí mismo.

La simplificación de trámites y la consiguiente reducción de costos tendrían un impacto directo en una industria que atraviesa una crisis de insumos y sobreprecios, afectando severamente a los consumidores. La oferta disminuye, las entregas se demoran y los vehículos usados alcanzan precios superiores a los 0 km, generando una distorsión significativa en el mercado.

La VTV podría ser reemplazada por un servicio oficial, , tomando en cuenta determinadas variables

Qué dice el proyecto sobre la VTV

En relación a la VTV, objeto de críticas por parte de los usuarios, esta podría ser reemplazada por un servicio oficial, dependiendo de la cantidad de kilómetros del vehículo a verificar. Por otro lado, el grabado de autopartes (cristales y carrocería), inicialmente concebido para desalentar el robo de vehículos, ha fracasado en su cometido y actualmente representa un costo adicional para el consumidor.

La eliminación de trámites meramente burocráticos y recaudatorios, que solo desmotivan al consumidor debido al tiempo y costo asociado, constituiría una medida eficaz de incentivo económico que no requiere financiamiento ni subsidios estatales. Todos los sectores se verían beneficiados: el sector privado experimentaría un aumento en las ventas y ganancias, mientras que el público vería compensada la disminución de costos arancelarios mediante la simplificación de nuevos trámites.