Falsificación marcaria: un negocio millonario sin sanción penal

Uno de los principales flagelos que viven las empresas en todo el mundo es la falsificación marcaria. Sólo en los Estados Unidos, los costos económicos ocasionados por la piraterí­a y la comercialización de productos apócrifos superan los u$s100.000 millones por año.

La Argentina no es ajena a esta realidad. En nuestro paí­s se calcula que el negocio de la falsificación de marcas mueve $16.000 millones por año aunque, a diferencia de los demás paí­ses, no existe sanción penal efectiva que castigue a los delincuentes.

Sucede que la ley de marcas (22.362) aplica una pena de tres meses a dos años de prisión, pero al prescribir las acciones a los dos años el plazo hace casi imposible transitar un proceso judicial sin que la acción se extinga.

En ese sentido, el especialista Roberto Porcel explicó que un imputado con tan solo presentarse espontáneamente en la causa y reconocerse como autor del delito, y por proponer alguna diligencia probatoria "seguro saldrá indemne del proceso".

Incluso, es común que se plantee una cuestión de competencia entre los jueces que intervienen en la causa, situación que se da por lo general cuando se involucra en la investigación la fábrica de los productos apócrifos y su cadena de distribución, agregó. Todo permite dilatar el proceso, con la consecuente caí­da de la acción judicial.

Otra opción que tiene un imputado para eludir una sanción es la llamada "probation", prevista para los delitos castigados con penas de menos de tres años de prisión. Así­, un delincuente que tiene montada una industria para la falsificación de marcas puede presentarse a la Justicia, paga el mí­nimo de multa ($131) y si ofrece una labora comunitaria puede obtener como resultado la extinción de la acción penal.

Definición oficial
Frente a ello, la única solución es una reforma legislativa que eleve las penas. Algo a lo que ya se comprometió la Argentina cuando a mediados de los ‘90 suscribió el acuerdo internacional TRIPs, que recomendó imponer penas lo suficientemente disuasorias para erradicar un delito que, por rentabilidad, sólo se encuentra por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas.

Desde entonces, la ley de marcas se mantiene inalterable y desde mayo último "descansa" un proyecto del diputado Cristian Ritondo a la espera de un guiño oficial.

Sin embargo, se especula que tras conocerse un reciente informe de la Unión Europea, que mostró al mundo la crisis por la que atraviesa la Argentina en materia de control de falsificación de marcas, el Gobierno tomará "cartas sobre el asunto" y acelerará la reforma legal.

El estudio ubicó a la Argentina entre los 15 paí­ses en el mundo que menos controla la industria de las marcas apócrifas, y aseguró que requiere acciones "prioritarias" para una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

En tanto, identificó a la feria La Salada, ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, como el centro ilegal más grande de Latinoamérica y que mueve u$s9 millones por semana en falsificación y lavado de dinero.

En ese escenario, ayer el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, precisó que se está diseñando un operativo de control contra los grupos falsificadores y que son los "diferentes organismos públicos los que permitirán poner en orden la situación".

Además, Montoya pidió colaboración desde diferentes estamentos para encarar las tareas de "desarmado" de los enclaves de fabricación de productos ilegales.

Por otro lado, las empresas y quienes las asesoran también reclamaron una actitud activa del Estado en la lucha contra la piraterí­a, más aún cuando la falsificación marcaria es un delito de acción pública y "debiera ser perseguido por la autoridad tan pronto toma conocimiento de la comisión del ilí­cito", indicó Roberto Porcel, socio de Porcel & Cabo Abogados.

Sin embargo, Porcel cuestionó a algunas empresas que no acuden a la defensa de sus marcas en el ámbito del derecho penal; incluso, remarcó que ninguna cámara ni asociación levanta su voz reclamando por una nueva legislación marcaria.

También reclamó la necesidad de que los abogados que asesoran en cuestiones marcarias cuenten con una formación jurí­dica especial para orientar la persecución de la falsificación en sede penal.

Medicamentos y alimentos
La expansión del comercio ilegal de alimentos y productos farmacéuticos falsificados tiene gran preocupación mundial. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el Viejo continente más de cinco de los 75 millones de productos apócrifos y pirateados incautados en las fronteras de la Unión Europea en 2006 eran alimentos y bebidas falsificados, y cerca de 500.000 correspondí­an a medicamentos "truchos".

En nuestro paí­s, la falsificación de drogas medicinales representa un 10% del mercado y por un valor de u$s70 millones al año, y los representantes de a industria estiman pérdidas entre 4 y 8 millones de dólares por año, según la Unión Europea.

En concreto, en la Argentina el Código Penal sólo castiga el envenenamiento y la adulteración de los medicamento, pero no la falsificación. Así­, en estos casos se aplica la ley de marcas, con la consecuente falta de sanciones penales para los responsables de los laboratorios clandestinos.

Contra ello, en noviembre último tuvo media sanción en Diputados un proyecto que agrega el artí­culo 201 bis al Código Penal y reprime con reclusión o prisión de tres a diez años y multa de hasta $200.000 al que "falsificare sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud".

El mercado "paralelo" en el paí­s
El estudio que elaboró la Comercio Exterior de la Unión Europea y que ubicó a la Argentina entre los primeros 15 paí­ses con mayores problemas en falsificación marcaria identificó, entre ellos, los procedimientos judiciales ineficientes, la falta de compromiso de los oficiales públicos y la corrupción judicial y aduanera.

El informe fue realizado mediante cuestionarios enviados a diversas organizaciones de nuestro paí­s. Un total de 25 entidades contestaron, entre los que se destacan estudios jurí­dicos, embajadas de paí­ses de la UE y asociaciones comerciales. La encuesta ubicó a la Argentina entre los paí­ses "categorí­a 3", junto a otros integrantes del Mercosur -Brasil y Paraguay-, Corea y a paí­ses del sudeste asiático, como Malasia y Filipinas.

Para muchos de los encuestados, la práctica de la piraterí­a y el contrabando se han vuelto más comunes en la Argentina desde la crisis de 2001-2002. "El disminuido poder adquisitivo de los consumidores locales ha generado una mayor demanda por sustitutos falsificados", sostuvo el relevamiento.

Además, si bien gran parte de las falsificaciones son producidas localmente, muchas otras ingresan por Bolivia o Paraguay, o provienen de China, lo que indica problemas en los controles fronterizos y en las aduanas.

Según el estudio, en la Argentina "la piraterí­a en copyrights de música, pelí­culas y software es una falta común y muy extendida". Estima que la falsificación de discos y producciones cinematográficas alcanza en nuestro paí­s al 50% del mercado local, con pérdidas anuales por u$s70 millones durante 2004.

En el caso del software, se evaluó que la falsificación alcanza al 70% del mercado, con pérdidas de u$s170 millones por año.

Otro de los sectores en los que se detectan infracciones a los derechos de propiedad industrial es en el campo del consumo. El espectro de bienes falsificados es amplio y va desde textiles y calzado hasta productos electrónicos, bebidas y tabaco. Según el sondeo, "los bienes de lujo europeos y los productos farmacéuticos son los objetos principales de este tipo de faltas".

En tanto, la venta de ropa falsificada en ferias ilegales alcanza al 50% del mercado. El estudio destacó el caso de "La Salada" como un ejemplo que evidencia "la magnitud del problema". Esta feria es descripta como un "notorio mercado negro que supuestamente emplea a 6 mil personas, tiene ventas por 9 millones de dólares semanales y recibe 20 mil visitantes diarios".

La preocupación internacional por el mercado de marcas falsificadas es una constante. A fin de mes se realzará en Ginebra el Tercer Congreso Mundial sobre la lucha contra la Falsificación y la Piraterí­a, organizado por la OMPI.

Así­, y durante dos dí­as -el 30 y 31 de enero próximos-, altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos del sector privado y grupos de defensa de los consumidores examinarán los efectos "desvastadores" de la falsificación y la piraterí­a. Con seguridad, el caso "Argentina" estará bajo la lupa.

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Pablo Méndez
pmendez@infobae.com