Cuestionan en la Justicia la venta de una empresa del Grupo Soldati

La fiscal general de la cámara comercial porteña, Alejandra Gils Carbó, emitió un duro dictamen contra la posible venta por parte de Sociedad Comercial del Plata de su firma Ertach SA, por un monto de u$s 22.500.000. Según la fiscal, la maniobra sólo busca el rédito empresario y desconoce los derechos de los acreedores.

El dictamen del Ministerio Público se da en el marco del concurso preventivo de Comercial del Plata, la nave insignia del Grupo Soldati, que está en situación de cesación de pagos desde 2000. La compañía busca en ese proceso reestructurar un pasivo de cerca de u$s 1.000 M.

En ese marco, la firma que dirige Santiago Soldati alcanzó en 2004 un acuerdo preventivo con sus acreedores, que fue homologado por el juez del concurso. Sin embargo, el mismo fue apelado por la fiscal Gils Carbó, que estimó que el convenio había sido alcanzado mediante diversas conductas fraudulentas.

Entre estas maniobras, la fiscal destacó la ilícita expulsión de obligacionistas que debían votar en la asamblea, la presentación de una conformidad "inexistente" del Banco Nación y la compra de créditos bancarios a través de cesionarios "off shore". La discusión sobre el concurso está a la espera de una decisión de la Corte Suprema.

Por su parte, la venta de la firma Ertach S.A. deberá ser aprobada por el juez, quien deberá considerar la opinión negativa del Ministerio Público, que estimó que, de aprobarse el acuerdo, se violarían "las limitaciones legales impuestas al concursado para mantener intangible su patrimonio".

"Las razones de conveniencia invocadas por la solicitante (para justificar la venta) sólo responden a su personal interés, por lo que no satisfacen la exigencia del artículo 16 de la ley de Concursos y Quiebras de proteger los intereses de los acreedores", consideró la fiscal en su dictamen.

Varias operaciones
En ese sentido, Gils Carbó enumeró diversas operaciones de compras y ventas de compañías en las que Comercial del Plata estuvo involucrada. Así, citó la venta de activos de exploración petroleras por parte de Compañía General de Combustibles S.A., por la suma de u$s 37,8 M.

También se refirió a los cambios producidos en su participación en Transportadora Gas Norte S.A., y a la venta de fracciones de un campo ubicado en la provincia de La Rioja. "Estos bienes se han sustraído del activo, que es la prenda común de los acreedores", consideró la fiscal.

Además, Gils Carbó consideró que "en los procesos concursales, las enajenaciones de bienes deben ser públicas". Y recordó que "nada de esto sucede en este proceso", dónde continúan las ventas privadas.

"De ese modo, los acreedores que invirtieron sus ahorros en títulos de SCP por la suma de u$s 260 M para financiar sus actividades, no han cobrado un peso desde el año 2000, y se les han ofrecido cifras insignificantes en el acuerdo impugnado", consideró la fiscal.

Finalmente, la fiscal estimó que el proceso concursal "no puede ser utilizado abusivamente". "Es inútil proclamar una mayor seguridad jurídica para atraer inversiones si en los tribunales se priva a los acreedores del ejercicio de sus derechos", consideró la fiscal. Y pidió que en caso de que se autorice la venta, el monto sea embargado y depositado en el juzgado.

Un proceso complicado
El concurso de Sociedad Comercial del Plata es uno de los más complejos de los últimos años. Se trata de un proceso que derivó en varias investigaciones criminales, entre la que se destaca la denuncia por fraude impulsada por la fiscalía.

Para Gils Carbó, el acuerdo preventivo de 2004 fue alcanzado en violación de la ley de Concursos y Quiebras, ya que dicha norma impide realizar acuerdos abusivos o en fraude a la ley. Y prohíbe formular propuestas con cláusulas desiguales para la misma categoría de acreedores.

En tanto, frente a la avanzada judicial en contra de la reestructuración de su grupo empresarial, Santiago Soldati eligió el contraataque para defenderse.

Así, el titular del holding, que agrupa a Compañía General de Combustibles, al Tren de la Costa y a 50% de Trilenium, la firma que controla las operaciones del Casino del Tigre en sociedad con Boldt, denunció la puesta en marcha de una campaña en su contra por parte de Gils Carbó y de un grupo de acreedores minoritarios.

Para el empresario, tanto la fiscal como titulares de bonos de SCP agrupados en un autodenominado Comité para la Protección de Obligacionistas de Sociedad Comercial del Plata, están detrás de esta estrategia.

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Ramiro ílvarez Ugarte
ralvarez@infobae.com