Fabiola Yañez solicitará 12 años de prisión para el expresidente Alberto Fernández por violencia de género

El expresidente Alberto Fernández quedó a un paso del juicio oral en la causa por violencia de género que le inició su expareja, Fabiola Yañez. La querella que representa a la ex primera dama adelantó que pedirá una pena de 12 años de cárcel, argumentando la gravedad de los hechos denunciados y el cúmulo de pruebas reunidas durante la investigación.

El planteo será formalizado ante el fiscal federal Ramiro González, quien dio por concluida la etapa de instrucción y comenzó el proceso legal para solicitar la elevación a juicio. En línea con el procedimiento, el fiscal dio traslado a la denunciante para que emita su opinión sobre la continuidad del caso, paso previo a requerir formalmente el juicio ante el juez Julián Ercolini.

Los abogados de Yáñez basarán su pedido de condena en la acumulación de hechos que consideran probados durante la investigación, incluyendo episodios de violencia física, psicológica y amenazas coactivas. La cifra de 12 años surge de la sumatoria de las penas correspondientes a cada uno de los delitos imputados.

Una vez que Yáñez exprese su postura formal, González evaluará el contenido del escrito y definirá si realiza el pedido de elevación a juicio. El expresidente tendrá la posibilidad de responder por escrito y, tal como anticipó su defensa, apelará la medida. La decisión final estará en manos del juez Ercolini, quien deberá resolver si el caso avanza hacia un juicio oral.

Procesamiento confirmado de Alberto Fernández y pruebas de una relación desigual

La causa tomó impulso en abril pasado, cuando la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de Alberto Fernández. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron los cargos por "lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género", "lesiones graves" y "amenazas coactivas".

En su fallo, los magistrados describieron una relación signada por la desigualdad de poder y la violencia habitual, tanto psicológica como física. Según la resolución, los hechos ocurrieron mayormente en la Quinta de Olivos, entre 2016 y mediados de 2024, en un entorno de aislamiento que habría sido impuesto por el propio Fernández, quien ejercía "plena autoridad sobre su pareja".

La Cámara remarcó que la violencia ejercida produjo un deterioro considerable en la salud de Yáñez y que su situación de vulnerabilidad era conocida por el imputado desde el inicio de la relación. "Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto dentro como fuera del ámbito privado", sostuvieron los jueces.

Embargo, restricción de contacto y defensa del expresidente

En febrero, el juez Ercolini había dictado el procesamiento del expresidente, ordenado un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y le impuso una restricción perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de su expareja o comunicarse con ella por cualquier medio.

En su descargo, Fernández presentó una apelación de 59 páginas en la que negó todos los cargos, calificó la acusación de infundada y solicitó su sobreseimiento. Su defensa alegó que la causa carece de pruebas directas, que se basa en "construcciones subjetivas" y que los chats aportados por Yáñez no fueron obtenidos del dispositivo original, lo que —según el expresidente— pone en duda su autenticidad.

"La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por interpretaciones personales o deducciones sin sustento", sostiene el escrito de la defensa.

Con la investigación ya cerrada y la querella dispuesta a pedir una pena ejemplar, el caso entra en su tramo definitorio. Será el juez Julián Ercolini quien deberá decidir si Alberto Fernández enfrenta un juicio oral por violencia de género, en un proceso que podría marcar un antecedente inédito en la historia judicial argentina respecto a expresidentes.