Juicio por YPF: Argentina apeló el fallo que ordenaba entregar el 51% de las acciones a Burford
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El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un recurso contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenaba transferir a los fondos demandantes el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. La apelación fue formalizada el 9 de julio, sin aguardar una resolución sobre la solicitud de suspensión de la sentencia.
El escrito fue firmado por el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa legalmente a la Argentina en el proceso iniciado por Burford Capital y Eton Park, fondos que adquirieron los derechos para litigar tras la expropiación de la petrolera en 2012.
Según explicó a Infobae el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, "el paso era esperado, pero no tan pronto". Y agregó: "La teoría indica que Argentina podría haber esperado la respuesta de la jueza sobre el pedido de suspensión. No es ilegal apelar antes, pero era una posibilidad que podía considerarse".
El origen del conflicto
La causa se remonta a la expropiación de YPF realizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. En 2023, tras ocho años de litigio, la jueza Preska responsabilizó al Estado argentino por mala praxis en ese proceso y lo condenó a pagar 16.000 millones de dólares, principalmente a Burford Capital.
Mientras el fallo principal fue apelado, el expediente continuó su curso en el tribunal de Preska, donde Burford presentó nuevos reclamos, incluyendo la posibilidad de quedarse con las acciones estatales de YPF, como vía para forzar una negociación con el Estado.
A la espera de una resolución sobre la suspensión del fallo (el llamado stay), el Gobierno argentino decidió avanzar con la apelación directamente. No se descarta, sin embargo, que la jueza solicite algún tipo de garantía para considerar la suspensión del fallo. Si no se cumplen esas condiciones, y la Cámara no se pronuncia antes del lunes, Argentina podría ser declarada en desacato, siempre que así lo pidan los demandantes.
Riesgos judiciales y estrategia oficial
Un escenario de desacato implicaría un fuerte impacto sobre la imagen del país, en momentos en que busca regresar a los mercados internacionales, captar inversiones y normalizar su situación financiera externa.
Desde el entorno presidencial apuntan a ciertos actores internos, a quienes califican como "buitres domésticos", por sus supuestas maniobras políticas, económicas o corporativas contra el interés nacional. Entre ellos mencionan a exfuncionarios, estudios jurídicos privados, analistas y empresas vinculadas a sectores estratégicos como Vaca Muerta.
"La Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para proteger los intereses del país", insisten desde la Casa Rosada.
Además, el Gobierno evalúa solicitar nuevamente la intervención del Ejecutivo estadounidense, como ya lo hizo durante la gestión de Joe Biden, para que exprese su posición en el caso.
La estrategia oficial es clara: no habrá negociación. "No se negociará nada. La línea es judicial al 100% en el tribunal de Preska. Como dijo el Presidente, se llegará hasta las últimas consecuencias. Hay mucha especulación porque hay intereses que buscan beneficiarse de una posible negociación, pero en esto confluyen sectores políticos, corporativos y del petróleo", remarcan desde el Gobierno nacional.