Causa Vialidad: Cristina y demás condenados deberán entregar, entre todos, más de $680 mil millones

La causa conocida como "Vialidad" sumó un nuevo capítulo judicial tras la actualización del monto que deberán reintegrar solidariamente los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Peritos de la Corte Suprema de Justicia estimaron el perjuicio actualizado al Estado en $684.990.350.139,86, frente a los $85.000 millones establecidos en la sentencia original de diciembre de 2022.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá ahora evaluar esta cifra y, en los próximos días, intimar a los condenados a devolver el dinero en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se avanzará con la ejecución de los bienes embargados, lo que podría derivar en subastas judiciales y decomisos forzados.

Un patrimonio bajo amenaza: bienes en riesgo de ejecución

Según su declaración jurada 2024, Cristina Kirchner declaró un patrimonio de 249 millones de pesos. Entre sus activos figuran:

• Un Toyota Corolla 0 km, valuado en más de $15 millones.
• El usufructo de propiedades en Recoleta y El Calafate.
• Acciones de empresas tecnológicas como Apple y Mercado Libre, adquiridas en 2023 por más de $70 millones.

Si bien se trata de una cifra relevante en términos personales, resulta insuficiente frente al monto que se le reclama solidariamente. El fiscal Diego Luciani ya anticipó que pedirá la ejecución forzada si los condenados no cumplen con el reintegro, lo que podría afectar bienes actualmente embargados en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

Entre los activos susceptibles de ejecución se encuentran:

• 27 propiedades de la familia Kirchner.
• Cinco cocheras en el Madero Center.
• Las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., claves en la investigación sobre retornos.
• 4,6 millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner, congelados judicialmente.
• Otro millón de dólares en una cuenta vinculada.

Además, se analiza afectar bienes de Máximo Kirchner, actual diputado nacional, debido a que Cristina Kirchner le habría cedido parte de su patrimonio mediante un anticipo de herencia.

El caso de Báez y la mecánica del fraude

El empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de contratos viales durante los gobiernos kirchneristas, enfrenta la ejecución de al menos 60 propiedades en la Patagonia, valuadas en millones de dólares. El juez Sebastián Casanello, en la causa Ruta del Dinero K, ya había identificado unas 40 estancias, aeronaves y una extensa flota vehicular, que integran un patrimonio cercano a 120 millones de dólares.

En paralelo, Báez fue condenado por lavado de activos, lo que derivó en una multa de u$s300 millones y el decomiso de otros u$s55 millones, comprometiendo seriamente sus bienes frente a distintas jurisdicciones.

La sentencia del TOF 2, ratificada por la Cámara Federal y posteriormente por la Corte Suprema, sostiene que más del 50% de las obras adjudicadas a Báez fueron abandonadas, con avances reales que oscilaron entre el 16% y el 36%, pese a haberse cobrado los contratos en su totalidad. Según los magistrados, esto fue posible gracias a una estructura estatal articulada desde 2003, con Cristina Fernández de Kirchner en un rol central, tanto como jefa de Estado como beneficiaria económica directa.

Extinción de dominio y acción civil: el Gobierno acelera los mecanismos de recuperación

El actual Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha decidido impulsar nuevamente la acción civil por daños y perjuicios contra los condenados, con el objetivo de resarcir al Estado. Esta vía, que había sido desactivada durante la gestión anterior, se fundamenta en el decreto de extinción de dominio firmado por Mauricio Macri en 2019.

Ese instrumento permite avanzar sobre el patrimonio de personas condenadas por corrupción incluso antes de que la sentencia quede firme en todos sus aspectos. El antecedente más reciente es la subasta de la residencia del exintendente Luis Lobos en Mendoza, valuada en 177 millones de pesos.

Ahora, el Gobierno se prepara para aplicar el mismo mecanismo sobre los bienes de Cristina Kirchner, lo que podría derivar en una de las mayores ejecuciones patrimoniales de la historia judicial argentina.