La Justicia desestimó la denuncia de Kicillof por conspiración de policías bonaerenses

La denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra 24 agentes de la Policía de la Provincia, a quienes acusó de participar en una supuesta conspiración para desestabilizar su gobierno, fue desestimada por la Justicia. La investigación continuará pero limitada a posibles irregularidades administrativas vinculadas al uso indebido de recursos del Estado.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo del caso, consideró que no hay elementos suficientes para formular una imputación penal por conspiración, tal como lo planteó la denuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En cambio, se avanza en una línea vinculada a una presunta malversación de fondos públicos, dado que los agentes habrían utilizado computadoras oficiales para actividades políticas partidarias.

Entre las pruebas reunidas figuran siete computadoras secuestradas, de las cuales tres contendrían, según la denuncia, documentos elaborados por los agentes con membretes e insignias de La Libertad Avanza (LLA), el espacio político que impulsa la candidatura del excomisario Maximiliano Bondarenko. Dichos archivos incluirían proyectos de seguridad y otros documentos que, de comprobarse su autoría, reforzarían la hipótesis de uso indebido de recursos públicos.

Bondarenko, en el centro de la disputa

El trasfondo del caso se vincula con el escenario electoral. Maximiliano Bondarenko, quien fuera comisario mayor de la Policía Bonaerense, encabeza la lista de diputados provinciales de LLA por la Tercera Sección Electoral, una zona clave para el oficialismo. La postulación del exjefe policial y actual concejal en Florencio Varela generó malestar dentro del Ejecutivo bonaerense, que acusa a un sector de la fuerza de operar como una "célula militante" dentro de la policía.

Alonso, impulsor de la denuncia, sostuvo que "las computadoras muestran documentos de LLA que abordan temas de seguridad" y que existe una "estructura subordinada a los lineamientos del candidato". En declaraciones radiales, el funcionario afirmó: "No podemos permitir que un policía retirado conduzca al personal activo. Nos costó mucho reconstruir la cadena de mando".

Pese a que la fiscalía no avaló por ahora la hipótesis de una conspiración, desde el Ministerio de Seguridad provincial insisten en que la Auditoría General de Asuntos Internos continúa su investigación. Según esa dependencia, se siguen acumulando elementos que comprometerían a más efectivos, especialmente a jefes y mandos intermedios de la División de Policía Ecológica, donde prestaban servicio los uniformados separados preventivamente.

Denuncia cruzada por espionaje

En paralelo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra el gobernador Kicillof por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de chats privados entre algunos de los policías investigados. Esa presentación fue incorporada a la causa y también está bajo análisis del fiscal Garganta.

Mientras tanto, desde el oficialismo provincial apuntan a que las actuaciones disciplinarias y administrativas se mantendrán más allá del curso judicial. "Lo que se encontró hasta ahora revela una conducta incompatible con la función policial", remarcan fuentes del gobierno bonaerense.

La investigación interna, surgida a partir de una denuncia anónima, mantiene su foco en la posible conexión entre funcionarios policiales en actividad y estructuras partidarias, en un contexto de creciente tensión electoral.