Procedimiento Preventivo de Crisis y despidos: por qué puede terminar costando indemnizaciones millonarias

En contextos de incertidumbre económica, muchas compañías se ven obligadas a ajustar costos y reorganizar personal. Sin embargo, existe una instancia legal clave que ninguna empresa puede ignorar: el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), regulado por la Ley de Empleo 24.013. De todas maneras, hay que tener en cuenta que para quedar amparado por la norma, las empresas deberán cumplir todos los requisitos legales al pie de la letra ya que, de lo contrario, podrían ser condenadas a pagar indemnizaciones millonarias por despidos sin causa. Las claves, en esta nota.  

¿Qué es el Procedimiento Preventivo de Crisis?

El PPC es un mecanismo legal que establece cómo deben actuar las empresas que atraviesan una situación económica grave antes de suspender o despedir trabajadores. En la práctica, funciona como un proceso de conciliación obligatorio con el sindicato y el Ministerio de Trabajo.

Su finalidad es que las medidas adoptadas no sean declaradas nulas ni generen sanciones que puedan incrementar significativamente los costos de la empresa.

El Procedimiento Preventivo de Crisis no solo surge de la Ley de Empleo 24.013, sino que también está reglamentado por el Decreto 265/2002, que precisa qué documentación debe presentar la empresa y cómo se sustancia el trámite. El artículo 98 de la Ley establece los porcentajes de trabajadores afectados que obligan a iniciar el procedimiento.

Quiénes pueden solicitar la apertura del procedimiento

Aunque lo habitual es que sea la empresa quien lo solicite, el PPC también puede iniciarse por pedido de la asociación sindical que represente a los trabajadores. Incluso, el Ministerio de Trabajo puede abrirlo de oficio si detecta riesgo de despidos masivos en incumplimiento de la ley.

La presentación ante la autoridad laboral debe incluir:

• Fundamentos de la solicitud y pruebas que acrediten la crisis.

• Relación de los hechos que motivan la medida.

• Detalle de las medidas a adoptar, con fecha de inicio y duración en caso de suspensiones.

• Cantidad de empleados de la empresa y número de afectados, junto con datos personales y laborales.

• Convenio colectivo aplicable y sindicato interviniente.

• Estados contables de los últimos tres ejercicios, firmados por contador público y certificados por el Consejo Profesional.

Etapas del procedimiento

1. Presentación y audiencia inicial: el Ministerio de Trabajo da traslado a la otra parte (empresa o sindicato) y convoca a una audiencia dentro de los cinco días.

2. Período de negociación: si no hay acuerdo en la primera instancia, se abre un proceso de negociación de hasta diez días, con participación del sindicato y la empresa.

3. Homologación o rechazo del acuerdo: si se arriba a un entendimiento, el Ministerio puede homologarlo con la misma fuerza que un convenio colectivo, o rechazarlo mediante resolución fundada. Si pasan diez días sin pronunciamiento, el acuerdo se considera automáticamente homologado.

¿Qué sucede si no se cumple con el procedimiento?

Si una compañía despide o suspende personal sin activar este trámite, las decisiones se consideran nulas. Esto significa que:

• Los empleados mantienen el derecho a percibir sus salarios.

• La empresa se expone a multas y sanciones.

• El Ministerio de Trabajo puede abrir el procedimiento de oficio si detecta riesgo de despidos colectivos.

Durante el desarrollo del trámite, la empresa no puede ejecutar suspensiones ni despidos. En caso de incumplimiento, los costos económicos y legales se multiplican.

¿Cuándo es obligatorio el Procedimiento Preventivo de Crisis?

El PPC debe iniciarse cuando las medidas alcanzan los siguientes porcentajes de la dotación total:

• Más del 15% en empresas de hasta 400 trabajadores.

• Más del 10% en empresas con entre 400 y 1.000 empleados.

• Más del 5% en compañías con más de 1.000 empleados.

Importancia de conocer y aplicar el PPC

Cumplir correctamente con el Procedimiento Preventivo de Crisis puede marcar la diferencia entre una reestructuración ordenada y un litigio millonario, indican desde el estudio Grispo Abogados.

• Si la empresa omite el procedimiento, los despidos se consideran injustificados, con la obligación de pagar indemnización plena, salarios caídos y afrontar posibles juicios.

• Si se aplica de manera correcta, la compañía puede negociar reducciones reales de costos laborales, adaptarse a la coyuntura y evitar conflictos legales.

En definitiva, el PPC no solo es un requisito legal: es una herramienta estratégica para gestionar crisis empresariales con menor riesgo económico y judicial.