Comenzó el juicio por la Causa Cuadernos: la lista completa de los empresarios que confesaron coimas
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Este jueves dio comienzo el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, también conocida como "la Camarita", en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015. En el proceso son juzgados 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La fiscal general Fabiana León conducirá la acusación. Las audiencias se realizarán los jueves de 9:30 a 13:30, bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, y serán transmitidas en vivo por YouTube.
El origen del caso y el rol de las anotaciones de Oscar Centeno
La investigación se inició en 2018, luego de que se conocieran las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años los supuestos traslados de dinero entre empresarios y funcionarios vinculados al entonces Ministerio de Planificación Federal. Estos cuadernos detallaban movimientos de fondos que, según la hipótesis de la Fiscalía, formaban parte de un esquema de recaudación ilegal destinado a obtener beneficios en licitaciones y contratos públicos.
De acuerdo con la acusación, Cristina Fernández de Kirchner habría encabezado una organización dedicada a la recepción de sobornos a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras. Está imputada como jefa de una asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo.
Entre los exfuncionarios que también llegan a juicio figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y Juan Manuel Abal Medina, entre otros. Las defensas presentaron más de veinte recursos de apelación para frenar el proceso, todos rechazados por la Corte Suprema de Justicia, que habilitó el avance hacia el debate oral.
La fiscal León describió el expediente como una de las investigaciones más amplias en materia de corrupción en la historia judicial argentina, tanto por la cantidad de imputados como por la documentación incorporada y las declaraciones de empresarios, funcionarios y colaboradores.
Los 25 imputados colaboradores y su participación en el expediente
El Tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados que declararon bajo la figura del arrepentido, cuyas confesiones serán analizadas durante el juicio. Entre ellos se encuentran representantes de las principales compañías constructoras del país y exfuncionarios que ocuparon cargos clave.
Entre los nombres más relevantes figuran:
- Oscar Centeno, exchofer y autor de los cuadernos.
- Juan Carlos de Goycoechea, de la firma Isolux.
- Ángel Calcaterra, exdueño de Iecsa.
- Héctor Javier Sánchez Caballero, también de Iecsa.
- Armando Loson, del Grupo Albanesi.
- Héctor Alberto Zabaleta, exdirectivo de Techint.
- Carlos Wagner y Juan Chediack, expresidentes de la Cámara Argentina de la Construcción.
- Aldo Roggio y Claudio Glazman, del Grupo Roggio.
- Jorge Neira y Jorge Balan, de Electroingeniería.
- Claudio Uberti, exfuncionario del Ministerio de Planificación.
- José López, exsecretario de Obras Públicas.
- Ernesto Clarens, financista señalado por su rol en la intermediación de fondos.
- Otros empresarios como Francisco Valenti y Enrique Pescarmona, del grupo Impsa, Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Alberto Taselli (sector energético) y Miguel Aznar (Vial 3).
Estas declaraciones, registradas en el marco de la Ley del Arrepentido, fueron validadas por el juzgado de instrucción y constituyen una parte central del material probatorio. El Tribunal deberá determinar su peso jurídico y su coherencia con el resto de las pruebas incorporadas.
Estructura del juicio y etapas del proceso
Durante las primeras audiencias se realizará la lectura de las acusaciones y se resolverán cuestiones de admisibilidad probatoria. Luego comenzará la etapa de declaraciones testimoniales, que incluirá tanto a funcionarios y empresarios como a peritos y especialistas en contrataciones públicas.
La Fiscalía presentará documentación contable, registros bancarios, informes de organismos de control y las copias de los cuadernos de Centeno, que fueron peritados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Las defensas, por su parte, adelantaron que cuestionarán la autenticidad de los cuadernos, el rol del fallecido juez Claudio Bonadio —quien instruyó gran parte del expediente— y la validez de las confesiones obtenidas bajo el régimen de colaboración.
El proceso podría extenderse varios años, dadas la cantidad de imputados, las pruebas y la necesidad de garantizar el derecho a defensa de cada parte. Según fuentes judiciales, el cronograma inicial contempla audiencias semanales hasta mediados de 2026, aunque su duración dependerá del ritmo de las declaraciones y de los planteos que surjan durante el debate.
Alcances e implicancias del caso
El juicio por la Causa Cuadernos representa la primera vez que el caso será analizado en audiencia pública y transmitida en directo, lo que marca un precedente en materia de transparencia judicial. Se espera la participación de representantes de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como querellantes, así como la presencia de defensores oficiales y abogados particulares que intervendrán en las audiencias.
De acuerdo con la resolución del Tribunal, todas las instancias del debate quedarán registradas y disponibles para su consulta en el canal oficial del Poder Judicial de la Nación, lo que permitirá el seguimiento ciudadano y mediático del proceso.
La causa, que tuvo derivaciones en otros expedientes vinculados a contrataciones y licitaciones, constituye una de las investigaciones más complejas de los últimos años. Su desarrollo judicial podría incidir en otras causas en trámite relacionadas con la obra pública, el financiamiento político y la actividad empresarial durante los gobiernos kirchneristas.
El inicio del juicio abre una nueva etapa en el tratamiento judicial de los casos de corrupción en la administración pública, con la expectativa de que las pruebas, los testimonios y las resoluciones del Tribunal definan las responsabilidades penales de los 87 imputados.