Un tema clave en la reforma laboral genera polémica entre contadores y abogados

Para un libertario, un consejo profesional de ciencias económicas, de abogados, de arquitectos, o de cualquier otra profesión independiente, es lo más parecido a un sindicato de trabajadores. Para Federico Sturzenegger y Javier Milei, se mueven con formas diferentes, pero fondos similares. Son organizaciones que asientan su poder sobre el territorio donde se desempeñan y, para entender lo que sucede en una ocupación profesional a nivel país, se crearon las instituciones de segundo grado, o sea, las federaciones de los consejos profesionales para cada actividad.

Estas instituciones, con muchas décadas de presencia en cada estado provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuidaron sus incumbencias con mucho celo. Sus principales fortalezas radican en el artículo 1 de la Ley 20.488 que establece que para el ejercicio profesional "es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio".

Increíblemente, tiene vigencia lo que se llama entre los graduados de ciencias económicas, el principio del "domicilio del ente". Un criterio para saber dónde certificar y por el que se pueden rechazar los trabajos que presentan los profesionales referidos a empresas de otras provincias diferentes a donde ejercen los contadores o economistas.

Este punto siempre fue un ítem para la polémica y los profesionales protestaron por tener que inscribirse en una institución provincial distinta a la residencia de su domicilio laboral. De hecho, durante la gestión de Domingo Cavallo y Caros Menem, hubo una reforma para estas organizaciones profesionales, aunque no tan profunda como la que proponen en la actualidad Javier Milei y Federico Sturzenegger.

El corazón de la reforma laboral se encuentra en el tìtulo, "libertad de matrícula". El artículo 61 establece que tener un título será "el único requisito para el ejercicio en todo el territorio nacional de cualquier profesión que requiera título universitario o equivalente" y, para demostrarlo, alcanzará con inscribirse en el Registro Federal de Egreso (RFE).

Sin derribar a las instituciones, de prosperar, se las vacía de contenidos.

Algunos de los temas clave de la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

Un tema clave en la reforma laboral genera polémica entre contadores y abogados

El administrador de empresas y ex secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, Alejandro González Escudero, afirmó a iProfesional que no es la primera vez que los consejos están en riesgo y explicó lo que sucedió en la década del '90.

"En aquella época, era ostensible que muchos consejos profesionales provinciales establecían trabas para que los colegas de otras partes del país pudieran asesorar o auditar empresas radicadas allí. Había que matricularse en el lugar. Las matrículas tenían tarifas diferentes para los locales respecto de los que no lo eran y las certificaciones de balance tenían precios muy altos en muchos partes. Era una obvia barrera de entrada para los de extraña jurisdicción", relató.

Pero, a diferencia de lo que parece intentarse ahora, no se buscó disolver o quitarles sentido a los consejos profesionales, sino establecer el criterio de que la matriculación en un consejo era suficiente para trabajar en todo el país. No es lo mismo. 

"El impacto del decreto de Menem y Cavallo fue grande en el mundo de los consejos profesionales. Los colegas con una única matrícula podían trabajar con empresas de todo el país. Dejaba de tener vigencia lo que llamábamos principio del domicilio del ente como criterio para saber dónde certificar y se lo reemplazaba por el de matriculación del profesional", explicó González Escudero, que además ejerce de profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

"La ciudad no era autónoma en el año 1991. El -por entonces- Consejo de Capital estaba muy bien preparado para esa situación. La mitad de los profesionales del país estaban matriculados en Capital y los precios de las certificaciones se calculaban sobre la base de los costos del trabajo del Consejo (la tarifa era plana), mientras que en las provincias las legalizaciones eran mucho más costosas, e incluían a veces aportes a sistemas jubilatorios locales. Los profesionales estuvieron muy contentos con el cambio porque podían certificar en Capital trabajos que hacía para empresas de todo el país", rememoró Escudero. 

Como es imaginable, la principal discusión se dio con el Consejo de la Provincia de Buenos Aires. Porque se certificaron decenas de miles de trabajos profesionales de personas o empresas de la Provincia en el Consejo de Capital.

El fin del principio del domicilio del ente, derivó en que Consejo de Provincia le inicia al de Capital, un juicio millonario reclamando todas las certificaciones de empresas y personas de provincia que se habían hecho en Capital. Capital se defiende y hasta le reclama a Provincia por las certificaciones de empresas de capital que habían hecho en Provincia.

Para González Escudero, "Provincia, tal vez por error, había tolerado para sí, lo que condenaba si lo hacía Capital. Ese juicio siguió durante décadas y desde hace poco estaría teniendo un final inesperado. Capital estuvo un tiempo fuera de la Federación por la presión que recibió en este tema. La Federación sufrió también por esta situación porque la mitad del financiamiento de la entidad respondía al aporte de Capital, que cesó cuando se retiró de la entidad".

Ahora bien, en el mundo de los consejos profesionales de Ciencias Económicas, la desregulación también volvió para atrás. Y todos los consejos, principalmente el de la Ciudad de Buenos Aires, retomó el criterio del domicilio del ente a partir del 1/11/2007 y reingresó a la Federación. Se rechazan desde entonces los trabajos que presentan los profesionales referidos a empresas de otras provincias. Los colegas protestaron por esto, pero finalmente quedó establecido así hasta el día de hoy. 

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que pocos conocen

Una verdadera desregulación, que sería aceptable para no vaciar enteramente de contenido a los consejos profesionales, pasaría por aceptar el fallo de la Corte que dio una vuelta de tuerca final en esta cuestión. Y en un fallo que los directivos del Consejo Profesional no difundieron, desacreditó el criterio del "domicilio del ente", validando que los profesionales con una matrícula pueden trabajar en todo el país (CSJN 24/9/2024). 

Para Alejandro González Escudero, "Esta noticia hubiera generado cambios de relieve en el pasado. Hoy, predomina el statu quo de los acuerdos entre las cúpulas de los consejos profesionales, y la desinformación para los colegas de a pie. En el medio, el gobierno aprieta el acelerador y promete barrer con las organizaciones".

A favor de la continuidad de los Consejos se manifestó el cordobés José Luis Arnoletto, quien fue presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Arnoletto recordó que los colegios y consejos profesionales tienen el rol de controlar el ejercicio profesional, asegurando que quien ejerza la profesión esté dentro de los límites de la ética profesional y consideró que "los tribunales de Disciplina o de Ética Profesional van a manejar una situación conflictiva con mayor eficiencia que un organismo gubernamental que se ocupe del mismo tema".