Causa Vialidad: la Corte debe definir qué bienes conservar y cuáles serán rematados

El proceso de decomiso en la causa Vialidad ingresó en una nueva etapa. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 envió un oficio a la Corte Suprema para que identifique qué bienes inmuebles incautados resultan de su interés antes de avanzar con la subasta del resto de los activos.

La comunicación fue remitida tras la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025, en la que el tribunal ordenó el decomiso de diversos inmuebles vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en el expediente "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros".

El oficio, dirigido a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal -a cargo de Sergio Romero-, se apoya en el artículo 4 del Anexo I de la Acordada 22/2025. Esa norma habilita a la Corte y al Consejo de la Magistratura a solicitar bienes incautados para destinarlos a funciones judiciales, siempre que exista una justificación ligada a la mejora del servicio de justicia.

En el informe enviado por el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, se detalla que todos los inmuebles decomisados fueron incorporados a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, el registro que centraliza la información de activos incautados en causas penales de competencia nacional y federal. Esta carga permite garantizar la trazabilidad y la futura asignación institucional.

Causa Vialidad: condena firme de la Justicia y alcance del decomiso

La sentencia en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025. En ese fallo se había fijado un decomiso inicial de $84.835 millones, cifra que posteriormente fue actualizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. El monto final asciende a $684.990 millones, que deben afrontar todos los condenados.

El tribunal intimó al pago a los responsables, pero la obligación no fue cumplida. Por eso, además de los bienes ya identificados, está previsto un segundo nivel de realización de activos pertenecientes a otros condenados si los recursos incautados resultan insuficientes. Entre ellos se incluyen propiedades y bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.

La medida alcanza a inmuebles de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, además de propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

La Corte deberá ahora definir qué inmuebles podrían destinarse a su propio funcionamiento o al del Consejo de la Magistratura. Una vez tomada esa decisión, el TOF 2 quedará habilitado para avanzar con el remate del resto de los bienes decomisados.

El trámite forma parte de la etapa final de un proceso que combina decisiones judiciales, evaluaciones administrativas y el funcionamiento del sistema de registro de bienes incautados, clave para la administración de activos vinculados a causas penales de alto impacto.

Los bienes de la familia Kirchner que se encuentran alcanzados

Según la resolución de la semana pasada, los magistrados tomaron como base el listado aportado por el Ministerio Público Fiscal el 12 de septiembre de 2025, y a partir de allí resolvieron cuáles de esos activos pueden efectivamente ejecutarse dentro de la pena dictada por el caso Vialidad.

Entre los bienes alcanzados se encuentran 20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la vicepresidenta y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, recibidas de forma gratuita y en partes iguales. Se trata de una consecuencia directa de la condena por corrupción que quedó firme en junio de este año, tras el aval de la Corte Suprema.

En el texto de la sentencia, los jueces remarcaron que era necesario dejar asentadas las diferencias entre los distintos supuestos de decomiso. En el caso de los bienes pertenecientes a los condenados que obtuvieron beneficios directos del delito, la medida busca -según señalaron- impedir que un hecho ilícito genere ganancias y neutralizar todo efecto económico derivado de esa maniobra.

A la vez, el tribunal enfatizó la función reparadora del decomiso respecto de los bienes susceptibles de ser afectados por el daño colectivo provocado y en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de recuperación de activos provenientes de la corrupción. Estas obligaciones derivan de tratados como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Por último, en relación con los bienes identificados que están en manos de personas no condenadas -particularmente Máximo y Florencia Kirchner- el TOF 2 aclaró que el decomiso se aplicará únicamente en casos donde existan personas jurídicas beneficiadas por el delito o terceros que hayan recibido los bienes en carácter gratuito.

Origen del monto actualizado

La cifra que la Justicia busca cubrir con el decomiso de bienes es de $684.990 millones y surge de la actualización del daño económico causado al Estado nacional determinado en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022 por el TOF N.º 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En aquel fallo, el tribunal había impuesto penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

El monto original de $84.835 millones fue recalculado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó la actualización conforme a la variación del índice de precios, llevando el valor final a casi $685 mil millones.