Imputaron al financista ligado a "Chiqui" Tapia: investigan un esquema de lavado de $800.000 millones
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El fútbol vuelve a quedar bajo la lupa tras la apertura de una investigación por lavado de dinero de una escala inusual. La fiscal federal Cecilia Incardona decidió avanzar con la denuncia realizada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, un hombre señalado por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
El foco de la pesquisa se concentra en la plataforma "Sur Finanzas PSP", apuntada por un presunto circuito de transferencias millonarias que alcanzaría a múltiples clubes de Primera División y del Ascenso.
El dictamen fiscal acusa a la financiera de haber manejado un movimiento total estimado en $818.000 millones de pesos, cifra que la Justicia atribuye a una elaborada estructura de lavado. La operatoria —según se detalla— habría recurrido a una red de intermediarios sin sustento económico: desde "monotributistas sin capacidad patrimonial" y usuarios de facturación apócrifa, hasta "sujetos no categorizados", todos utilizados para disimular el origen ilícito de los fondos.
Los detalles de la causa contra el financista ligado a "Chiqui" Tapia
La relación entre el entramado financiero y el fútbol quedó formalmente asentada. En su presentación, la fiscal remarcó que entre los receptores de los fondos surgían "Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol", con menciones explícitas a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Un dato llamativo del informe preliminar de la DGI fue que, en cinco de estas entidades, la auditora asignada no logró precisar los montos de las transferencias recibidas.
Además del presunto circuito de lavado, la denuncia señala indicadores de evasión tributaria. El planteo fiscal sostiene que, al operar mediante cuentas de terceros —como los monotributistas mencionados—, los responsables habrían evitado cumplir con su obligación como agentes de liquidación del Impuesto a los Créditos y Débitos. Por este concepto, el fisco reclama $3.300 millones de pesos, lo que refuerza la sospecha de una "ingeniería financiera" orientada al blanqueo de capitales.
Con el impulso de Incardona, el expediente quedó en manos del juez federal Federico Villena, quien deberá analizar las primeras medidas solicitadas: el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas y un embargo de hasta $4.000 millones sobre bienes de Sur Finanzas. La fiscal había explicado previamente que la presentación original de la DGI contenía información incompleta, motivo por el cual el avance del caso había demorado.
El proceso por lavado de activos y el fideicomiso ligado a Banfield
La investigación sobre Sur Finanzas, Vallejo y sus autoridades se enfoca en determinar si el esquema de transferencias multimillonarias fue una orquestación diseñada para llevar a cabo el blanqueo de capitales de origen ilícito. En esta línea de análisis, el documento judicial puso el foco en un actor específico: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una entidad ligada al Club Banfield que operó en la plataforma financiera auditada.
Su estructura societaria incluye a Banfileños S.A., cuyos directivos son Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. La situación de estos ejecutivos es especialmente sensible, dado que ya enfrentan otra causa por presunto lavado de activos en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
La Justicia también deberá esclarecer si los acusados utilizaron cuentas de personas sin respaldo patrimonial —como monotributistas y sujetos no categorizados— para evadir el pago del Impuesto a los Créditos y Débitos, omitiendo su función como agentes de percepción y liquidación. Según la acusación, esa metodología habría sido parte central del mecanismo investigado.