Procesan a un constructor y a su familia por un entramado de estafas con proyectos inmobiliarios
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/12/607548.jpg)
La Justicia volvió a avanzar contra el grupo encabezado por Vito L’abbate. Tanto él como sus hijos —Emanuel, Juan Ignacio y Santiago— y su colaborador Patricio Gastón Flores quedaron nuevamente imputados por presuntamente articular un esquema de captación de fondos que operaba bajo la lógica de un "Ponzi inmobiliario".
Las operaciones involucraban la venta de departamentos de pozo en edificios inconclusos o terrenos baldíos, e incluso la misma unidad fue vendida hasta seis veces.
Una red de empresas como fachada
De acuerdo con la investigación, los acusados armaron una red de compañías superpuestas —una suerte de "mamushka" empresarial— destinada a reemplazar sociedades en crisis y seguir sumando nuevos clientes.
A través de fondos comunes de inversión que prometían intereses en dólares superiores a los del mercado financiero, lograron defraudar 24,1 millones de dólares y 1.125 millones de pesos.
Por decisión de la jueza nacional Paula González, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, los cinco permanecen en prisión preventiva por 441 estafas relacionadas a fideicomisos y desarrollos inmobiliarios en múltiples locaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se les dictó un embargo de casi 37.000 millones de pesos y la inhibición general de bienes.
"Conducta sistemática"
En su resolución, la magistrada destacó: "Se revela una conducta sistemática del manejo de los fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios mediante el abuso de la confianza depositada por las víctimas y aprovechamiento de sus necesidades...".
El fallo describe una estructura societaria compuesta por 23 empresas, donde los imputados se alternaban en distintos roles, lo que les permitió desviar fondos y mantener operaciones fraudulentas bajo la apariencia de negocios legítimos.
Instrumentos legales utilizados para la estafa
La investigación identificó contratos de colaboración empresarial, fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y fondos de inversión como vehículos para captar dinero de los clientes y desviarlo para beneficio propio.
"En definitiva, esta asociación criminal pudo actuar sin ningún tipo de control, ejerciendo todos los roles —presidentes, directores, accionistas— para apropiarse de grandes sumas de dinero en efectivo y dólares", subrayó la jueza.
Amplia gama de víctimas y propiedades afectadas
La organización operó entre 2012 y abril de 2025, afectando a cientos de compradores que confiaron sus ahorros a los L’abbate. Se detectaron preventas por más de u$s100.000 por unidad, departamentos vendidos varias veces, cocheras duplicadas y terrenos sin construir. Entre los fideicomisos más comprometidos se encuentran Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 y 6683, y Caaguazú 6144.
Financiamiento engañoso
Los imputados ofrecieron contratos de inversión inmobiliaria con rendimientos fijos del 10% al 12% anual, que nunca se cumplieron. La magistrada señaló que, independientemente del instrumento jurídico, las sumas recibidas nunca se destinaron a la construcción de los edificios. "La ingeniería societaria permitió confundir patrimonios y ocultar los gastos de los compromisos asumidos", concluyó la jueza González.
La fiscal Cuñarro agregó que los imputados utilizaron sociedades y fideicomisos privados para aparentar solvencia y eludir controles, con un único objetivo: apropiarse de los fondos sin cumplir con las obligaciones asumidas.