¿Puede la reforma laboral bajar la litigiosidad?

El debate sobre la necesidad de actualizar la normativa laboral no es nuevo. Aunque en los últimos días volvió a ganar protagonismo, todas las gestiones de gobierno, en mayor o menor medida, incorporaron el tema en algún momento de la agenda pública.

Más allá de las discusiones sobre reducción de costos, modernización para algunos o retrocesos para otros, el foco ahora está puesto en la posibilidad de disminuir -o al menos contener- la cantidad de procesos judiciales derivados de conflictos laborales: despidos, disputas sindicales y accidentes de trabajo.

En primer lugar, se debe destacar que ninguna reforma legislativa es mágica. Siempre encontrarán resistencia, oposición y en especial judicialización. Nada impide que una reforma sea suspendida o más aun, declarada inconstitucional.

Por otra parte, los procesos judiciales pueden encontrar otras puertas de acceso. No solo el fuero del trabajo suma expedientes, sino que las sociedades comerciales son objetos de múltiples reclamos masivos: ejecuciones fiscales y procesos de consumo para citar dos ejemplos. En el caso de las relaciones de consumo, la litigiosidad se ha incrementado con la instauración del comercio digital. Asimismo abrió colectoras judiciales como, por ejemplo, la ejecución o revisión de multas administrativas impuestas por los organismos de contralor.

En ese contexto, una reforma aislada puede resultar insuficiente si no viene acompañada de un cambio profundo en la cultura empresarial, en las prácticas de trabajadores y consumidores, y sobre todo en la calidad de los servicios que presta el Estado.

Los desafíos del mercado actual exigen una revisión constante de estrategias y herramientas legales. Para eso, la articulación entre los distintos actores del sistema productivo —en especial aquellos con intereses contrapuestos— podría ser clave para resolver varios de los problemas que hoy enfrentan las empresas.